Rechazo generó el proyecto de ley que busca sustituir las penas a condenados por crímenes de lesa humanidad, que deban cumplir hasta 15 años de cárcel, presentado por los diputados Jorge Ulloa (UDI) y Mario Bertolino (RN).
El documento explica que «transcurrió en exceso el plazo de quince años entre el día en que se cometieron los delitos y aquel en que se dirige rectamente la acción criminal en contra del condenado de la causa, por lo que forzosamente debe concluirse que la responsabilidad del encausado se ha extinguido por la prescripción».
Uno de sus autores, Mario Bertolino, defendió la moción. En declaraciones a CNN Chile, explicó que la idea es que «quienes hayan sido condenados hasta un tope de 15 años por participación en delitos entre el 11 de septiembre del 73 y marzo del 90 tiene la posibilidad de hacer uso de una revisión de pena y poder pasar a cumplirla en el medio libre».
Finalmente, fue rechazado por la comisión de Constitución, incluidos votos del oficialismo. El paso a seguir ahora es que debe informarse a la Sala de la Cámara para que se pronuncie.
Las reacciones no se dejaron esperar luego de haberse presentado la iniciativa, puesto que uno de los patrocinadores del proyecto es diputado por el Distrito 7 de nuestra región y aspira a convertirse en senador.
Para Matías Walker «es un proyecto lamentable, en la forma y en el fondo, cuando lo que queremos es terminar con la impunidad, la deuda que Chile tiene con los familiares de los Detenidos Desaparecidos, de ejecutados políticos, de torturados, de la represión no cierto».
Señaló que este proyecto se ingresó en silencio en la Cámara de Diputados, porque «busca la impunidad, los responsables de los crímenes de lesa humanidad, esto nos parece lamentable y triste como señal».
En tanto, muy afectada quedó Ana Merino, presidenta regional de la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien señaló que «esto habla muy mal del diputado Bertolino, ya que pretenden soltar criminales».
De hecho, Merino apeló a los tratados internacionales que ha firmado el país en materia de Derechos Humanos, que señalan expresamente que las violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles.
