Más de ochenta candidatos se inscribieron para competir en el proceso menos conocido de los comicios de noviembre. Se trata de la primera elección directa de los 16 integrantes del Consejo Regional (Cores) distribuidos en las tres provincias de la región. Hasta la fecha, los miembros del Core eran elegidos indirectamente por los concejales, quienes se constituían para estos efectos en un colegio electoral.
La falta de conocimiento que se aprecia de parte de la ciudadanía respecto de esta elección, no se condice con la importancia de la función que la ley otorga a estos consejeros, ya que su rol consiste en representar los intereses de la comunidad en la toma de decisiones que inciden en la administración de la región. Una labor que se manifiesta a través de la asignación de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), además de otros programas de inversiones.
Cabe también señalar que el rol de los consejeros regionales no es un cargo de dedicación exclusiva, ya que perciben una dieta relacionada con las sesiones a las cuales asisten los consejeros.
Avanzar en reformas como la incorporación de un presidente del Consejo Regional elegido por voto popular, un rol que en la actualidad es asumido por el intendente -representante del gobierno central en cada región y responsable de la coordinación con él- supone la introducción de una figura que terminaría compitiendo con dicha autoridad, tanto en responsabilidades como en expectativas de evaluación popular.
¿Qué características tendrá esta primera elección directa de cores?
La primera es que será un proceso simultáneo con el de parlamentarios y presidencial, y los cores que resulten elegidos asumirán el 11 de marzo de 2014.
La elección es de tipo nominal -una persona, un voto- y proporcional, vale decir, se aplica cifra repartidora para elegir a los cores, cómo se eligen normalmente a los concejales. Los candidatos están agrupados en listas, pactos y subpactos.
¿Los candidatos a core recibirán financiamiento de campaña?
De acuerdo con la reglamentación del proceso, el límite a la inversión es de 700 UF, más unidades marginales por cada 200 mil electores.
