A menos de tres meses para la implementación de la desmunicipalización de la educación pública en Chile, que parte en Coquimbo en calidad de comuna «piloto», los 160 funcionarios del Departamento de Administración de Educación Municipal, Daem, del municipio coquimbano, que cumplen la quinta semana de paro indefinido motivado por demandas laborales a raíz del cambio, ahora estudian apelar ante la Contraloría General de la República para aplazar la entrada en vigencia del nuevo sistema de administración del sistema educativo nacional.
Priscila Astorga, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Daem, refirió a Diario LA REGIÓN que la última propuesta del Ministerio de Educación, respecto a sus demandas que dan fundamento a su paralización, como era un sistema de concurso para postular a los cargos del nuevo servicio de administración «Puerto- Cordillera», que fusiona a los Daem de Coquimbo y Andacollo, que considerara la experiencia y trayectoria de los postulantes y un bono de incentivo a retiro, no los deja satisfechos.
«En el caso del incentivo la respuesta que nos siguen dando es que no hay ninguna forma legal de entregar una compensación ya que son fondos públicos y el nombre tampoco estaba claro si era indemnización o bono y ahora la gente del Ministerio a cambio nos trajo una propuesta de un programa de apoyo a la reubicación laboral y eso pasaría a ser responsabilidad de la municipalidad, con lo que no estamos de acuerdo, porque también se debe hacer uso de platas públicas para implementarlo y pueden obligar a algún funcionario a rendir cuentas por ese concepto».
Sobre el concurso para optar a puestos de trabajos del servicio de administración «Puerto -Cordillera», la dirigente señaló que como gremio tampoco tienen conformidad en la forma de postular, «el concurso empieza la primera semana de enero que es cerrado y nunca nos entregaron los perfiles específicos, solo genéricos y nuestra gente tendría que postular a grados administrativos, a grados técnicos, profesionales y de auxiliares, pero si algún colega tiene una función definida en este Daem, eso no quiere decir cuál va a ser el puesto a ocupar en el nuevo servicio, porque no se estará postulado a ningún cargo específico sino que a un grado».
Astorga agregó que esa forma de concursar tampoco da valor a la capacitación reciente, o a la carrera funcionaria, «en un inicio desde el Ministerio se nos dijo que se iba a dar valor a la experiencia al interior del departamento, pero en la práctica eso no se refleja en el concurso aun cuando muchos colegas se han estado capacitándose en vista del nuevo escenario, pero lamentablemente eso no se considerará en el actual concurso ya que su experiencia será calificada de acuerdo a la fecha de entrega de algún título que posean, o sea si a una persona le entregaron el título el año pasado no se le va a considerar, y así solo puede postular a un grado administrativo aunque tenga un título técnico o profesional, que es el caso de un abogado del departamento que el 2016 sacó su título y que tiene 5 años de experiencia acá, pero no va a poder postular ahora al grado de abogado 7 ya que solo podrá optar a un grado administrativo».
Pasando al tema de la comisión evaluadora la dirigente también expresó reparos a su conformación, «ahora mismo no tenemos claridad quién va a integrar la comisión, el jueves pasado vino la gente del Servicio Civil de Santiago a exponer los colegas en integrarse al nuevo sistema local donde se mostró solo el tipo de cupos, los formatos estándar de currículos y de cursos confirmándonos que se van a hacer pruebas de evaluación sin dar mayor información respecto a la comisión y sus criterios».
Aplazamiento
vía legal
y finiquitos
Producto de las disconformidades con el concurso y la evaluación, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Daem manifestó que buscar el aplazamiento de la desmunicipalización en la comuna, apelando la vía legal.
«Con nuestros equipos jurídicos, por todos estos temas, pensamos buscar dilatar el funcionamiento del servicio ya que la ley señala que el traspaso desde las municipalidades se debe hacer en marzo del 2018, pero en específico, sobre el funcionamiento del servicio local se indica que el plazo para empezar a funcionar es hasta junio del 2018 y en base a ese artículo se podría enviar un oficio o informe a la Contraloría para que haga una toma de razón de nuestra petición de aplazamiento para buscar reformar el sistema de concurso y calificación».
Otro punto que dice relación con la solicitud tiene que ver con el pago de finiquitos del personal que quede sin trabajo, «acá estamos con la incertidumbre sobre finiquitos, porque se nos dice que van a ser de cargo del Fisco, para funcionarios contratados hace tres años a la implementación de esta nueva ley, al 30 de noviembre del 2014, pero mucha gente que está quedó fuera del proceso, les tiene que ser pagado por el empleador, pero nosotros sabemos que el municipio no tiene esos dineros y por eso estamos realizando la petición al Ministerio para que deposite a la brevedad los dineros de finiquitos ya que no dará incentivo al retiro, si no que solo promueve la reubicación laboral».