Un total de 56 trabajadores extranjeros fueron denunciados por irregularidades migratorias tras un operativo de fiscalización realizado en una empresa del Barrio Industrial de Coquimbo.
Por Joaquín López Barraza
La intervención, que involucró a la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Nacional de Migraciones y la Seremi de Seguridad Pública, permitió controlar a 76 personas. Además, en dos casos se verificaron antecedentes policiales.
El procedimiento fue resultado de un trabajo de análisis de información entre las instituciones, que permitió identificar empresas con una importante presencia de trabajadores extranjeros y focalizar las fiscalizaciones.
El subprefecto jefe de la Prefectura Provincial de Elqui, Javier Rodríguez, explicó que la empresa fue seleccionada a partir de antecedentes recopilados por el Departamento de Migraciones de la PDI y el Servicio Nacional de Migraciones.
«De 76 fiscalizados, 56 fueron denunciados», detalló, precisando que el operativo comprendió a la totalidad de los trabajadores extranjeros que se encontraban en el recinto.
Rodríguez aclaró que las personas fiscalizadas no fueron detenidas ni trasladadas a un cuartel policial. Sus antecedentes fueron remitidos al Servicio Nacional de Migraciones para que determine las medidas que correspondan.
El oficial agregó que este tipo de procedimientos forma parte de una planificación de fiscalizaciones que continuará desarrollándose en empresas, sectores residenciales y otros puntos de la región.
Un contrato de trabajo no
regulariza la situación migratoria
Uno de los puntos que el director regional del Servicio Nacional de Migraciones, Ricardo Spröhnle, quiso enfatizar fue la diferencia entre cumplir con las obligaciones laborales y contar con autorización migratoria para trabajar en Chile.
La autoridad advirtió que algunos empleadores creen que firmar un contrato, pagar cotizaciones previsionales o establecer una relación laboral permite regularizar automáticamente a un trabajador extranjero. Sin embargo, recalcó que ambas materias se rigen por normativas independientes.
«Las leyes funcionan de manera totalmente independiente. Una persona que se encuentra irregular, o sea, que no ha obtenido un permiso de residencia con el Servicio Nacional de Migraciones, en ningún caso estaría habilitada para poder ser contratada», sostuvo.
Empleadores arriesgan
multas de hasta 200 UTM
El director regional también recordó que la Ley 21.325 contempla sanciones económicas para los empleadores que contraten a personas extranjeras sin contar con la autorización correspondiente. Según explicó, las multas pueden ir desde 0,5 hasta 200 UTM, dependiendo de las características del empleador y de la infracción.
































