Apoderados dan cuenta que sus hijos son víctimas de bullying sistemático, agresiones físicas, tocamientos inapropiados y amenazas de muerte.
Las familias acusan que las autoridades del colegio optaron por minimizar los hechos y evitar la intervención policial.
Por Joaquín López Barraza
El colegio Caleta San Pedro, recinto educativo de carácter público, pasa por grave crisis disciplinaria. Apoderados denuncian un patrón de vulneraciones a la integridad de sus hijos y una respuesta institucional negligente. Los casos, que van desde bullying y maltratos hasta graves amenazas con armas, salieron a la luz cuando los padres protestaron en el frontis del establecimiento la semana pasada.
Acusan que las autoridades del colegio optaron sistemáticamente por minimizar los hechos , desestimando incluso eventos de extrema gravedad y evitando la intervención policial.
Amenazas y agresores externos
Las denuncias más impactantes se centran en el uso de armas y amenazas directas. Yessenia Merino, apoderada, relató que agresores externos se presentaron en el portón del colegio, armados con una pistola y una luma, buscando a su hijo y a un compañero. La familia acusa que el colegio no llamó a Carabineros.
Por su parte, Macarena Pizarro, apoderada, narró la escalada de agresiones contra su hijo de 8 años. Tras ser víctima de bullying y recibir amenazas de muerte por mensajes, el menor sufrió una nueva amenaza, esta vez con arma blanca, al interior del colegio.
También apuntan a la desprotección de alumnos con necesidades educativas especiales. Clara Ortega, abuela y apoderada, denunció que su nieto, quien padece epilepsia y tiene un 50% de discapacidad, es víctima de acoso sistemático y agresión física. Otras apoderadas mencionaron la existencia de casos de abusos y tocamientos en zonas íntimas a compañeros.
Quiebre del diálogo
La principal acusación de los padres radica en que la administración del establecimiento minimizó las amenazas con armas al calificarlas como meras «peleas de niños chicos». Macarena Pizarro denunció que, en lugar de recibir ayuda, fue confrontada por profesoras, quienes le señalaron que estaba «dejando mal al colegio» por buscar apoyo externo. Esta negligencia se reflejó en las consecuencias: al principal agresor solo se le aplicó una suspensión de cinco días.
Frente a la crisis, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui emitió una declaración con fecha 1 de diciembre. El SLEP confirmó que tomó conocimiento de la manifestación el pasado viernes 28 de noviembre y que se efectuó una reunión de conciliación con la encargada de gestión y vinculación territorial como garante.
En la reunión, el equipo directivo del colegio comunicó la activación de los protocolos y las medidas implementadas según el reglamento de convivencia escolar. Sin embargo, el SLEP Elqui detalla el quiebre:
«La apoderada no estuvo de acuerdo en firmar los acuerdos establecidos, solicitando el equipo directivo del colegio a SLEP Elqui, la mediación de la Superintendencia de Educación».
El organismo finalizó haciendo un llamado a todos los estamentos de las comunidades educativas a «mantener en forma permanente el diálogo, el respeto y el buen trato» para resguardar el bienestar integral de los estudiantes.