Por Joaquín López B.
A dos años de su implementación, el Servicio de Reinserción Social Juvenil sigue siendo una institucionalidad poco comprendida en el debate público, especialmente cuando se asocia la delincuencia juvenil únicamente a hechos violentos o a una lógica punitiva. Sin embargo, las cifras y la experiencia territorial muestran un escenario distinto.
Así lo plantea Loreto Rebolledo Rissetti, directora regional del servicio, quien aclara desde el inicio uno de los principales malentendidos: la mayoría de los jóvenes atendidos no está privada de libertad.
«Más del 85% de los adolescentes y jóvenes que atendemos cumple medidas o sanciones en el medio libre. Es decir, viven en sus casas y asisten a programas ambulatorios. Solo una minoría está bajo una medida privativa de libertad», explica.
En términos regionales, al 30 de noviembre el servicio ha atendido alrededor de 384 adolescentes y jóvenes en la Región de Coquimbo. De ellos, un 91% corresponde a hombres y menos del 9% a mujeres. En cuanto al tipo de delitos, la mayoría se concentra en delitos contra la propiedad, que representan cerca del 62% de los casos, mientras que los delitos contra las personas alcanzan alrededor de un 10%.
«Existe una percepción muy instalada de que la delincuencia juvenil es principalmente violenta, pero los datos no muestran eso. Muchas veces lo que aparece en los medios son casos excepcionales, muy mediáticos, que no representan la tendencia general», sostiene.
Rebolledo enfatiza que el ingreso al servicio no es voluntario: los jóvenes llegan por mandato judicial y deben cumplir una medida o sanción determinada por tribunales. No obstante, el enfoque del sistema no se limita al cumplimiento formal de una condena.
«El joven tiene un plan de intervención que aborda distintas capas: familia, educación, trabajo, salud, redes comunitarias. No es solo él como individuo, sino su entorno completo. El objetivo es intervenir sobre su trayectoria de vida», detalla.
Desde esa perspectiva, el servicio distingue entre cumplir una sanción y lograr un proceso exitoso de reinserción, conceptos que no siempre coinciden.
«Un joven puede cumplir su condena, pero eso no necesariamente significa que su proceso haya sido exitoso. Para nosotros, el éxito tiene que ver con desarrollar conductas prosociales y disminuir la probabilidad de reincidencia», afirma.
Uno de los componentes más recientes del modelo es el programa de apoyo al egreso, una etapa voluntaria que comienza meses antes del término de la sanción. A diferencia del resto del proceso, esta fase no es obligatoria.
«El pos-egreso es voluntario, y justamente por eso es tan relevante. El joven decide seguir siendo acompañado porque quiere trabajar aspectos pendientes de su proyecto de vida, como terminar estudios, acceder a empleo o resolver temas de salud», explica.
Actualmente, entre 30 y 40 jóvenes participan en este programa en la región, cifra que posiciona a Coquimbo entre las regiones con mayor nivel de adhesión.
Para la directora regional, la reinserción no puede entenderse solo como una tarea del Estado. La comunidad, advierte, cumple un rol determinante.
