Vecinos del sector El Hinojal, en la Ruta 41 y zona rural de la comuna de La Serena, denunciaron un tránsito sostenido de camiones aljibe que —según afirman— estaría asociado a extracción de agua desde puntos no habilitados y a una comercialización paralela al abastecimiento formal que opera con apoyo estatal.
Por Joaquín López Barraza
La alerta fue levantada por la Junta de Vecinos 12-R de El Hinojal. Su presidente, Eduardo Ortega, relató que en 2023 expusieron el tema en una reunión de seguridad junto a Carabineros y Seguridad Municipal, luego de que residentes detectaran un aumento de camiones circulando a distintas horas. «Acudimos con Carabineros y Seguridad Municipal ante la queja del constante circular de camiones aljibe… era mucho camión, pasaba en distintos horarios, no solamente de día, sino que también de noche», señaló.
Ortega sostiene que, a partir de esos reportes, comenzaron a observar un patrón que les hizo sospechar un uso irregular del recurso: «Desde ahí empezamos a notar que había tráfico de agua… vienen personas inescrupulosas a lucrar con esta agua», afirmó, situando el foco en sectores cercanos a la ribera del río y en presencia de vertientes del área.
«Cifra negra»:
camiones fuera del
abastecimiento formal
Uno de los puntos que el dirigente remarca es la diferencia entre camiones vinculados a programas de abastecimiento y aquellos que, a su juicio, operarían de manera privada.
«Estos camiones que están acá son una cifra negra… no son los camiones que mantiene el gobierno… esto es una comercialización externa, donde ellos tienen su cartera de clientes», dijo.
En su testimonio, esa dinámica también se cruza con la fragilidad del territorio en materia de agua potable rural. Ortega explicó que, pese a existir fuentes cercanas, el sector no cuenta con un sistema local propio, lo que a su juicio deja a la comunidad con menor capacidad de control y planificación: «Paradójicamente nosotros tenemos agua, pero no tenemos un APR local… dependemos de un APR», indicó.
Punto clausurado y traslado de la toma
Respecto de la extracción, el presidente vecinal plantea que un punto de uso público habría sido cerrado y que, posteriormente, la captación se habría desplazado a un espacio en continuidad con una propiedad particular, lo que —según su versión— complejiza aún más el control. «El punto que pertenecía a un bien de uso público… fue clausurado… y ahora están trayendo [la toma]… a la continuidad de una propiedad… es un punto que no está habilitado», afirmó.
En esa línea, Ortega pidió mayor fiscalización en horarios donde, según advierte, se vuelve más difícil activar controles: «Cuando operan en horario no hábil… no es un día donde uno puede recurrir a una repartición y avisar… para que esté en el momento y pueda regular qué está pasando», sostuvo.
Seguridad: baja dotación y dificultad
para respuesta oportuna
El dirigente también vinculó la preocupación hídrica con temas de seguridad y respuesta policial, apuntando a la baja presencia en la zona en temporada estival. «Tenemos muy baja dotación en nuestro cuadrante… y con una sola patrulla tienes que cubrir dos procedimientos», relató, agregando que la distancia operativa complica la reacción ante denuncias o episodios de tensión.
Ortega evitó entregar detalles de hechos específicos que no están acreditados por registros públicos, pero insistió en que existe una percepción de riesgo y amedrentamiento en torno a puntos de agua. «Solo buscamos… poner punto final a la situación… y que los vecinos puedan no sentirse amenazados en sus viviendas», señaló.
¿Qué piden
los vecinos?
Entre las soluciones, Ortega plantea que el Estado avance hacia una fórmula que permita resguardar el recurso con foco comunitario. «El punto final de la solución es que… esta toma de agua sea asignada a la comunidad», sostuvo, argumentando que sin una figura clara de administración o uso comunitario se vuelve difícil proteger el área y frenar usos irregulares.
Por ahora, desde la dirigencia vecinal reiteraron el llamado a que organismos competentes —como la autoridad hídrica y sanitaria, además del municipio y las policías— puedan fiscalizar en terreno el origen del agua, las condiciones de extracción y la operación de camiones, especialmente si se trata de consumo humano o abastecimientos que requieren trazabilidad.
¿Qué dice la normativa sobre camiones aljibe?
En Chile, cuando un camión aljibe abastece agua para consumo humano, el sistema debe operar con autorización sanitaria de la Autoridad Sanitaria (SEREMI de Salud), tramitada en línea. Esa autorización busca justamente asegurar dos cosas: que el agua sea apta para beber y que exista trazabilidad del servicio (quién distribuye, a quién, dónde y con qué respaldo).