Falta de accesibilidad universal en el Registro Civil de Coquimbo expuesta por la propia edil, quien expresó su profunda preocupación y tristeza. Drama que sufren personas en situación de discapacidad y adultos mayores. No pueden realizar trámites ni participar en ceremonias civiles debido a que el recinto se encuentra ubicado en un segundo piso sin las condiciones mínimas de acceso.
Por Javiera Escudero.
La querida Barbarita, que nació con una situación de discapacidad, relató que el pasado martes 27 de enero no pudo asistir al matrimonio de su tío.
El edificio ubicado en Melgarejo 1040 esquina Bilbao, cuenta con una extensa escalera y carece de rampas, ascensores u otras soluciones de accesibilidad. «No poder realizar un trámite ni contraer matrimonio por encontrarse en un segundo piso con una tremenda escalera es inaceptable. No hay guardias que apoyen a personas con discapacidad ni adultos mayores, solo una guardia pegada a su celular», manifestó la concejala a LA REGIÓN.
La representante de la comuna puerto no pudo asistir a este momento familiar tan importante, debido a la falta de infraestructura adecuada. «Hoy fui yo, mañana no sabemos cuántos más. Esto antes también pasó y nadie dijo nada», señaló, haciendo un llamado a alzar la voz por quienes no pueden hacerlo.
Ante esta situación, la concejala ingresó un oficio formal dirigido al alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, solicitando información sobre el cumplimiento de las normas de accesibilidad en los edificios municipales de uso público. En el documento, Toro cuestiona la falta de apoyo del personal de seguridad y la ausencia de protocolos frente a este tipo de situaciones.
Asimismo, presentó una denuncia formal ante la Dirección de Obras Municipales, en su calidad de concejala y persona usuaria de silla de ruedas, acusando el incumplimiento de la normativa de accesibilidad universal en el edificio del Registro Civil. En el escrito, detalla la existencia de barreras arquitectónicas como la ausencia de rampas conforme a norma, rutas accesibles discontinuas, puertas fuera de estándar y falta de señalización accesible.
Toro recordó que estas falencias vulneran la Ley N.º 20.422, que garantiza la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, así como la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que establece exigencias obligatorias de accesibilidad en edificaciones de uso público.
«La accesibilidad universal no es optativa ni un acto de buena voluntad; es una obligación legal y un deber del Estado, especialmente en servicios públicos que deben garantizar una atención digna, segura e inclusiva», enfatizó.
