Una fuerte controversia se instaló en el puerto tras conocerse un requerimiento presentado ante la Contraloría General de la República por el exdiputado Gustavo Hasbún.
La acción busca que el órgano contralor se pronuncie sobre la legalidad de los gastos realizados por las municipalidades de Coquimbo y Copiapó en celebraciones durante los años 2024 y 2025, tras un informe general que cuestionó la falta de justificación normativa en diversos municipios del país.
El requerimiento de Hasbún, publicó Biobío, apunta a dos frentes: la presunta falta de justificación del «interés municipal» en las actividades y una supuesta debilidad en el soporte administrativo y presupuestario que respalda dichos desembolsos.
Defensa de la gestión
La respuesta desde el municipio de Coquimbo fue tajante de parte del alcalde (s) David Díaz, quien aseguró que la institución ha cumplido con todas las disposiciones de la Ley de Compras Públicas.
Para poner en perspectiva las cifras, Díaz argumentó que los gastos cuestionados «representan menos del 0,5% del presupuesto municipal para ambos años». Asimismo, contrastó esta inversión con los aportes sociales realizados por la gestión: «Solo en 2025 hemos invertido más de $1.700 millones en gestión municipal con recursos propios, una cifra que está muy por encima de lo destinado a eventos», precisó.
Además, el jefe comunal subrogante recordó que Coquimbo ostenta una posición de liderazgo en materia de probidad, ubicándose entre las 10 municipalidades más transparentes del país, superando en un 18% el promedio nacional de transparencia.
Por lo mismo, «si la Contraloría acoge a trámite este requerimiento vamos a poner a disposición todos los antecedentes que sean necesarios para aclarar una denuncia que claramente no tiene sustento», añadió.
Valor social y cultural
Desde el edificio consistorial defendieron las «externalidades positivas» de estos eventos, señalando que permiten que vecinos y turistas accedan a espectáculos de alta calidad que de otro modo no podrían costear.
«Implican fomentar la cultura, potenciar el fomento productivo y reconocer a artistas locales a los que se les remunera como corresponde, solo por mencionar algunas de las externalidades positivas de estas actividades», detalló Díaz.
Sin embargo, el punto más álgido fue el cuestionamiento a la figura del denunciante. David Díaz calificó al exparlamentario como un «polemista convertido en comentarista de redes sociales» y recordó los procesos judiciales que el ex parlamentario ha enfrentado en el pasado.
«El señor Hasbún no ostenta cargo público ni representación institucional alguna. Enfrenta su propio historial de cuestionamientos públicos —investigaciones por cohecho, tráfico de influencias y querellas por estafa— ampliamente documentados. Mal puede una persona en esa condición erigirse en juez moral de un municipio premiado por su transparencia. No es una voz seria en materia de probidad y no merece ser tratada como tal».






























