En la región manifestaron su preocupación ante la descontinuación de políticas públicas, luego que el ajuste fiscal del Gobierno central ponga en duda, por ejemplo, la continuidad de estrategias preventivas y el apoyo integral a los escolares.
Por René Martínez Rojas
Bien podría ser una tormenta política la que se desató luego de la filtración del «Oficio 16» del Ministerio de Hacienda, documento que establece una hoja de ruta para un ajuste fiscal que alcanzaría los $5,4 billones hacia el año 2027.
La propuesta del ministro Jorge Quiroz busca «descontinuar» 142 programas públicos, encendiendo las alarmas no solo en la oposición, sino también en parte del oficialismo, quienes han cuestionado la iniciativa.
Un complejo panorama que, en la Región de Coquimbo, no ven con buenos ojos, debido a que áreas sensibles como la seguridad ciudadana, con el Plan Calles sin Violencia, y la alimentación escolar, con la Junaeb, quedarían eventualmente sin presupuesto.
«El ministro miente»
Fue el propio ministro quien salió al paso de las críticas este martes, especialmente para defender el uso del concepto «descontinuar».
Según el secretario de Estado, la terminología fue sugerida en septiembre del año pasado por la Comisión Asesora para las Reformas Estructurales al Gasto Público.
Claro que luego utilizó un ejemplo que no a muchos convenció: «Esto es como un poquito que alguien venga y revise la carta de una pareja, ¿no?».
La controversia, sin embargo, escaló al plano parlamentario con la respuesta del diputado PS Daniel Manouchehri, quien fue tajante y señaló que «el ministro Quiroz miente. Los oficios no son cartas de amor, son documentos públicos, y en ese documento el gobierno ordenaba ‘descontinuar’ programas sociales. El ministro puede llamarlo como quiera, los chilenos ya lo leyeron», disparó el legislador, dejando en claro que la batalla por evitar el recorte de estos 142 programas recién comienza en el Congreso».
En la incertidumbre
Uno de los puntos de mayor preocupación es el futuro del Plan Calles Sin Violencia creado en el gobierno anterior y aunque la ministra de Seguridad Trinidad Steinert avisó que «por ningún motivo», descartando de plano su eliminación, la preocupación ya se instaló en los municipios.
Desde La Serena, el administrador municipal Gonzalo Arceu subrayó los resultados concretos de esta estrategia en la zona.
«Destacamos la creación de equipos conjuntos con las fiscalías de crimen organizado y homicidios. Los equipos ECOH, formados específicamente para delitos de alta connotación, lograron en la región de Coquimbo un alto porcentaje de esclarecimiento», señaló.
Enfatizó que cualquier evaluación de transferencia de recursos debe considerar la realidad actual de los territorios.
«Creemos que, posiblemente bajo otro nombre, contaremos con el apoyo del Ejecutivo para planes que permitan a los municipios recuperar espacios y planificar estrategias preventivas, en el marco de la nueva ley de seguridad», añadió esperanzado en que la labor coadyuvante de los municipios con las policías no sea desmantelada.
«Un pecado social»
En el ámbito social, la preocupación es todavía más profunda. Y aunque Junaeb ratificó la continuidad del Programa de Alimentación después de una reunión con manipuladoras de alimentos, el consejero regional por Elqui, Lombardo Toledo, exdirector regional de la Junaeb y expresidente del Colegio de Profesores, lamentó la posible afectación que tendrían los escolares de la zona.
«La Junaeb nació justamente para evitar la excepción, para apoyar no solamente la reforma educacional del presidente Eduardo Frei, sino que también para mejorar calidad de vida a través de las escuelas con alimentación y educación integral a los niños, niñas y jóvenes. Hoy vemos que las políticas del ministro de Hacienda han sido letales, que no apuntan a la dignificación del ser humano», fustigó Toledo.
Para Toledo, omitir estos programas es un «pecado social» que golpea directamente a las familias más vulnerables de Coquimbo.
«Las coberturas y la oportunidad merecen que se revisen y que lleguen definitivamente a los hogares de la región. No podemos, como educadores, como servidores públicos, llegar a esta situación», sentenció.
