La filtración de oficios del Ministerio de Hacienda que proponían revisar y eventualmente descontinuar programas sociales abrió una controversia política, con críticas desde distintos sectores y preocupación por el eventual impacto en beneficios sensibles. Entre los antecedentes conocidos, se plantea la revisión de hasta 142 programas en el marco de un ajuste fiscal que podría alcanzar los $5,4 billones hacia 2027
Por Joaquín López Barraza
El seremi de Gobierno en la Región de Coquimbo, Darwin Cortés, abordó la polémica y descartó que existan decisiones de recorte, defendiendo que se trata de una etapa técnica del proceso presupuestario.
Tras la filtración de estos oficios, incluso desde el oficialismo se ha hablado de un error comunicacional. ¿Lo fue?
No hubo una decisión política de recortar beneficios sociales, y eso hay que decirlo con firmeza. Lo que se conoció fue una comunicación interna, técnica, propia del proceso presupuestario, que fuera de contexto dio pie a interpretaciones que no corresponden.
Cuando un documento de esta naturaleza se instala en el debate público sin el marco adecuado, se genera inquietud, pero es muy distinto a afirmar que el Gobierno está afectando programas sensibles.
¿Cómo se explica que un documento técnico haya terminado instalando la idea de recortes a programas sociales sensibles?
Se confundió, deliberadamente o al menos apresuradamente, una revisión técnica con una definición política. Evaluar o reformular programas no significa abandonar políticas sociales ni dejar sin apoyo a quienes más lo necesitan.
El deber de una administración seria es revisar si los recursos están llegando bien y cumpliendo su objetivo, no simplemente gastar por inercia.
¿Falló el manejo del gobierno al comunicar esto como un oficio y no como una etapa preliminar?
El mecanismo utilizado es el que corresponde, porque se trata de una comunicación interna entre ministerios. Esto no fue un decreto ni una decisión final, sino una etapa preliminar.
Ahora bien, cuando ese documento sale de su cauce institucional y se instala públicamente sin contexto, por supuesto que se presta para confusión.
¿Hay programas en la Región de Coquimbo que podrían verse afectados en esta revisión?
No existe una decisión adoptada sobre ajustes específicos en la Región de Coquimbo. Hoy se está realizando una revisión general a nivel nacional, dentro del proceso presupuestario, y cualquier definición se adoptará por las vías institucionales.
Esto implica evaluar los instrumentos y fortalecer los programas que sí están cumpliendo.
El gobierno ha dicho que no habrá recortes, pero al mismo tiempo habla de descontinuar programas. ¿Cómo se compatibiliza eso?
No hay contradicción. Una política pública no se define solo por el nombre de un programa, sino por su capacidad real de cumplir un objetivo social.
Cuando se habla de descontinuar o reformular, se está evaluando el instrumento, no el compromiso del Estado con el bienestar de las personas. Eso es parte de una gestión responsable de los recursos públicos.
¿Puede asegurar hoy que ningún beneficio social se verá afectado en la región?
Lo que puedo asegurar es que no existe una decisión tomada para recortar beneficios sociales en la región a partir de estos oficios.
Las definiciones presupuestarias se adoptan dentro del marco legal y con debate en el Congreso, no a partir de interpretaciones sobre un documento interno. La ciudadanía merece claridad, no alarma.
