Mientras las principales confederaciones nacionales de transporte dieron 48 horas al Gobierno para responder a sus demandas por el alza del combustible, desde Fuerza del Norte advierten que los pequeños transportistas no tienen cómo traspasar estos mayores costos a sus clientes.
Por Joaquín López Barraza
El alza del diésel vuelve a tensionar al transporte de carga. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) entregaron al Gobierno un petitorio de cuatro puntos y dieron 48 horas para obtener una respuesta, en medio de una nueva subida de los combustibles que podría llevar el diésel hacia los $1.500 por litro.
Entre sus principales demandas está establecer por ley un mecanismo de Fuel Surcharge que permita traspasar automáticamente las variaciones del precio del diésel a los contratos de transporte, además de modificaciones al MEPCO y cambios tributarios.
En paralelo, desde la Confederación Fuerza del Norte, que representa a pequeños y medianos transportistas, Cristian Sandoval advierte que para este segmento el problema es especialmente complejo.
«Nosotros los pequeños transportistas, los pequeños empresarios y medianos, trabajamos con el almacenero, trabajamos con el frutero, con el viejo de la vega. No tenemos un polinomio, no tenemos reajuste al alza», explica.
El dirigente ejemplifica el impacto con sus propios recorridos entre Arica y Santiago. Según sus cálculos, el aumento del combustible le ha significado cerca de $1,4 millones adicionales en un viaje de ida y vuelta, mientras también han subido otros costos asociados a la operación de los camiones.
«Todo reajuste o toda alza que tenga el combustible no solamente alberga el combustible. La canasta se incrementa, los insumos del transporte y de los ciudadanos se encarecen», plantea.
Sandoval sostiene que el sector necesita medidas como modificar o eliminar el impuesto específico a los combustibles, generar un alivio para pequeñas empresas con deudas tributarias y reducir los costos asociados a los peajes.
Las medidas del Gobierno
El Ejecutivo, por su parte, anunció este martes un proyecto para extender hasta diciembre los beneficios de la Ley 21.811, que contempla un aporte mensual de $100 mil para taxis, colectivos y transporte escolar, además de beneficios para pescadores artesanales y una nueva capitalización del FOGAPE. La iniciativa debe ser discutida por el Congreso.
El bono de combustible vigente ha alcanzado a cerca de 95 mil beneficiarios mensuales y contempla a operadores de taxis, colectivos y transporte escolar, entre otros servicios de transporte de pasajeros.
Sin embargo, estas medidas no responden directamente a las demandas planteadas por los gremios de transporte de carga. Desde Fuerza del Norte, Sandoval señala que todavía esperan una reunión con Hacienda antes de definir eventuales acciones.
