Arzobispo René Rebolledo descarta los detectores de metales como solución de fondo en las escuelas, llamando a priorizar la «paz desarmada» mediante el diálogo urgente entre familias, docentes y alumnos para abordar el origen del problema.
Por René Martínez Rojas
Ante la escalada de amenazas y situaciones complejas en establecimientos educacionales de la región, la Iglesia ha ofrecido un diagnóstico severo, señalando que la crisis escolar es un espejo de problemas sociales más profundos.
Lo cierto es que -hasta el momento- es un fenómeno que abarca a casi todas las regiones del país, donde día a día se reportan casos, ya sea a través de redes sociales y rayados en baños e instalaciones de las escuelas.
Cultura de violencia
Por lo mismo, el arzobispo René Rebolledo calificó la situación como «sumamente compleja» y no aislada, sino como un reflejo directo de una «cultura de violencia» que permea incluso el lenguaje de los líderes sociales.
El análisis apunta directamente a la esfera familiar, «ya que observamos una sociedad inmersa en una cultura de violencia y a nivel interno, esto nos habla probablemente de familias disgregadas y de una preocupante falta de presencia y acompañamiento de los padres en la vida de sus hijos».
Además, atribuyó parte de la crisis a la incapacidad generalizada para acompañar los procesos formativos durante el encierro de la pandemia, lo que pudo haber generado un déficit en la formación y contención emocional de los jóvenes.
«Como sociedad no hemos tenido una preocupación real por lo que están viviendo los adolescentes y jóvenes. A esto debemos sumar las consecuencias del encierro durante la pandemia (2020-2022), periodo en el que hubo una incapacidad general para acompañar los procesos formativos, pues nadie estaba preparado para aquello. Lo que vemos hoy puede ser fruto de esa falta de formación y acompañamiento durante un tiempo tan crítico».
Soluciones
superficiales
Consultado sobre la conveniencia de instalar detectores de metales en los colegios, mostró cautela. Porque si bien entiende la urgencia de proteger la vida, «esa no parece ser la solución de fondo», dijo antes de viajar este lunes a Santiago para la 133° Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile.
Y aunque advierte que podría ayudar en términos disuasivos, «la experiencia internacional muestra que no impiden la ocurrencia de hechos violentos. Además, corremos el riesgo de que la comunidad escolar perciba que se está criminalizando al conjunto de los estudiantes en lugar de educarlos».
Advirtió que se deben procurar «soluciones que afronten el origen del problema y no solo sus síntomas». Por eso, el desafío «es que los colegios se transformen en espacios donde se aprenda la ‘paz desarmada’ que brota de la reconciliación y el encuentro».
Admite que no existe «una respuesta única ni probada» para saber si este fenómeno irá creciendo, pero sí que es «urgente sentar a dialogar a los estamentos claves de la comunidad educativa: Las familias, que deben retomar su rol protagónico en el acompañamiento; los equipos directivos y profesores, como también los funcionarios y personal colaborador, para articular estrategias de convivencia sanas y los estudiantes, quienes deben ser parte activa de la solución».
En esa línea, animó a que los colegios católicos promuevan instancias de encuentro «para buscar juntos caminos de salida a esta crisis».
Una crisis que incluso derivó en que el Ministerio Público se haga parte, llevando las investigaciones de manera conjunta en la Fiscalía local de La Serena. ¿Se pudo haber evitado? «Es difícil asegurar con certeza», reconoce.
Sí cree que «en esto hemos fallado como sociedad en su conjunto. No es solo un fracaso de la escuela, sino de un sistema social que no supo anticipar ni contener estas realidades a tiempo. Probablemente, como sociedad, hemos descuidado la formación integral y el acompañamiento emocional, privilegiando, en algunas situaciones, mayormente lo académico por sobre el bienestar humano».
