El Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos —iniciativa estatal orientada a esclarecer el destino final de víctimas de la dictadura— enfrenta cuestionamientos tras la desvinculación de tres funcionarios clave, lo que abrió un nuevo foco de conflicto en materia de derechos humanos.
Por Joaquín López Barraza
Desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en la región, su presidenta, Ana Merino Molina, calificó la decisión como un golpe directo a las expectativas construidas en torno al programa. «Lo encontramos horrible, inhumano. Con el Plan Nacional de Búsqueda teníamos una esperanza de encontrar a nuestros seres queridos, de saber el destino final que les dieron», afirmó.
La dirigenta apuntó especialmente a la salida de profesionales con larga trayectoria en causas de derechos humanos. «Son personas emblemáticas, que llevan años trabajando con nosotras, presentando querellas y buscando verdad. Esto nos golpea profundamente, es como volver a los tiempos de la dictadura, cuando íbamos de un lugar a otro sin respuestas», sostuvo.
En esa línea, advirtió que la medida afecta no solo la continuidad del plan, sino también la confianza construida entre el Estado y las familias. «Esto es un atentado a la dignidad humana, a la democracia. No se puede borrar lo que tanto ha costado avanzar», enfatizó.
Las críticas fueron respaldadas por la exseremi de Justicia y Derechos Humanos, María José Rojas, quien apuntó a una señal política detrás de la decisión. «Se ve derechamente no solo un desinterés, sino que la responsabilidad del Estado en cuanto a la búsqueda de la verdad y la justicia», señaló.
En un plano más estructural, la exautoridad sostuvo que la salida de los funcionarios implica un quiebre en el trabajo realizado. «El descabezamiento del programa es borrar todo lo que se ha ido avanzando», indicó, destacando la coordinación institucional que había permitido avanzar en el esclarecimiento de los casos.
Rojas también cuestionó el carácter de los cargos desvinculados. «No necesariamente son cargos de confianza, porque esto es una política de Estado», afirmó, advirtiendo además sobre las consecuencias prácticas del cambio de equipos. «No es como que todos tienen una carpeta y listo, se la traspasamos a otro funcionario. No es tan simple», agregó.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, en tanto, descartaron que los cambios impliquen un retroceso. A través de un comunicado, confirmaron la desvinculación de tres funcionarios que se desempeñaban en la Unidad de Programas de Derechos Humanos y en el propio plan, señalando que la decisión se adoptó luego de que no presentaran su renuncia el pasado 10 de marzo.
