El candidato a diputado del Partido Comunista y ex jefe regional de la Subdere, Bernardo Antonio Salinas Maya, enfrenta un serio flanco político y ético tras revelarse que una parcela de su propiedad en Altovalsol está declarada como “sitio eriazo”, figura que permite rebajar considerablemente el pago de contribuciones, y que además registra deuda tributaria vigente.
Documentos oficiales del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Tesorería General de la República (TGR) —emitidos entre el 12 y 13 de noviembre de 2025— confirman que el predio donde reside con su hija- la concejala de La Serena Rayen Powomosky- tiene un avalúo de $31.644.465, es decir paga contribuciones bajo la categoría de sitio no edificado, pese a tratarse de una parcela con casa en el sector rural de Altovalsol.
Según la TGR, Salinas mantiene $85.665 en deuda morosa y otros $84.412 por vencer, lo que suma más de $170 mil en obligaciones tributarias vinculadas a esta propiedad.
La utilización de la categoría “sitio eriazo” para reducir el impuesto territorial, aun cuando la propiedad corresponde a una parcela, abre interrogantes sobre la transparencia y la coherencia del discurso político del propio candidato, cuyo sector ha impulsado reformas para aumentar la recaudación y combatir la evasión.
Un caso similar
El caso, que se conoció públicamente en julio de 2024, involucró a Javier Etcheberry, quien en ese momento se desempeñaba como director del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Una investigación periodística reveló que Etcheberry no había pagado la totalidad de las contribuciones por una propiedad en Paine durante nueve años.
El problema se originó porque la vivienda tenía ampliaciones significativas (pasando de 170 m² a más de 500 m²) que no habían sido regularizadas ni registradas en el SII. Esto causó que pagara un impuesto territorial mucho menor al que correspondía por el avalúo real de la propiedad.
En su defensa, Etcheberry afirmó que había intentado inscribir las modificaciones durante años, pero atribuyó la falla a la burocracia del sistema.
Dada la grave contradicción de su cargo como máxima autoridad fiscalizadora del país, la situación generó una intensa presión política. Finalmente, Etcheberry pagó la totalidad de la deuda (renunciando a la prescripción legal de tres años) y el Gobierno solicitó su renuncia al cargo.
