Desde la Nueva Asociación de Funcionarios acusan imprecisiones del gobernador regional sobre el pago de indemnizaciones y defienden la legitimidad de las acciones judiciales.
La Nueva Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Coquimbo respondió duramente a los dichos del gobernador Cristóbal Juliá, quien, en declaraciones a un medio regional, afirmó que el pago de indemnizaciones por juicios laborales «representa un perjuicio directo al patrimonio regional, afectando recursos que son de todos los habitantes de la región».
Desde la organización sindical, encabezada por su presidenta Beatriz Hidalgo, cuestionaron que se entregue ese tipo de información a la ciudadanía sin distinguir las fuentes presupuestarias involucradas. «Lo que dice justamente en la carta que le enviamos son líneas de financiamiento absolutamente diferentes, que nada incide en el desarrollo de la región. Son platas diferentes, son presupuestos distintos», afirmó Hidalgo.
La carta pública difundida por la asociación enfatiza que las indemnizaciones pagadas por sentencias judiciales —la mayoría derivadas de denuncias por maltrato y acoso laboral en la administración anterior— se cubren con fondos del Programa de Funcionamiento del Gobierno Regional, y no con el presupuesto destinado a inversión. «No es concebible aceptar que esto representa un perjuicio directo al patrimonio regional», indica el documento.
Además, aclararon que los más de $90 millones mencionados por la autoridad fueron pagados en ejercicios presupuestarios anteriores, no en el año 2025. De hecho, sólo una causa judicial terminó con sentencia en el presente año, por un monto de $12 millones, el cual aún no ha sido pagado.
Para Beatriz Hidalgo, los dichos del gobernador «se pueden interpretar como una manera de deslegitimar las causas judiciales que se puedan llevar por parte de los funcionarios». Y agregó que «los funcionarios ejerzan sus derechos y que en definitiva ganen a través de una sentencia dictada por un tribunal, no tiene nada que ver con el desarrollo regional».
Desde el gremio también acusaron que se está usando la imagen del funcionariado para justificar problemas de ejecución presupuestaria de la actual administración. «Fueron tres años en los cuales recurrimos a diferentes instancias para ser respetados, y este tipo de reportaje y declaraciones sólo hacen que los funcionarios afectados vuelvan a revictimizarse», concluyeron.
La controversia expone no solo una disputa por el relato en torno al presupuesto regional, sino también una pugna más profunda por el reconocimiento de los derechos vulnerados del funcionariado y la responsabilidad del Estado frente a esos procesos.
