Ante casos complejos de alumnos con historial de violencia, el municipio de Illapel convocó a fiscalía y tribunales para crear protocolos unificados, buscando resolver el conflicto entre el derecho a estudiar y la seguridad de las comunidades educativas.
Por René Martínez Rojas
La comuna de Illapel enfrenta un preocupante aumento en la violencia escolar desde el inicio del año, con episodios que han escalado desde discusiones a agresiones físicas graves, incluyendo un apuñalamiento afuera de uno de los establecimientos, pero con dinámicas originadas en el interior de los colegios.
El alcalde Denis Cortés reconoció que las medidas iniciales, como el refuerzo de seguridad con Carabineros en ingresos y salidas, la instalación de cámaras perimetrales y la contratación de más inspectores, han resultado insuficientes.
«Lamentablemente desde el inicio de clase hemos tenido algunos episodios de violencia que han sido de mayor impacto, porque hemos pasado de una pelea o una discusión, a agresiones físicas, incluso con alumnos apuñalados».
Comité de crisis
El municipio para enfrentar la crisis «y dar un pasito más» convocó a un Comité Comunal de Coordinación de Prevención de Violencia en las comunidades educativas que busca un trabajo integral y en el que no solo estén involucrados los directores de los establecimientos educacionales independientes si son municipales o particulares subvencionados, sino también la fiscalía, tribunales y todos los programas relacionados con los jóvenes, «es decir, programas de intervención para poder tomar un trabajo integral y resolver algunas situaciones que en el fondo hoy no están claras», apuntó.
El objetivo principal es clarificar protocolos, divulgar seguimientos de casos emblemáticos y definir los roles y obligaciones de cada institución, ya que la falta de coordinación ha generado que se «tire la pelota» entre organismos.
Casos complejos
El edil reveló que existe un informe de 12 estudiantes que presentan un historial complejo y el caso más grave reportado involucra a un joven que, tras haber sido beneficiado con la figura de «Aula Segura», fue obligado por los tribunales a reintegrarse, y posteriormente apuñaló a otro alumno en el rostro a las afueras del liceo.
«Son casos complejos y porque hablo de estos 12 alumnos, porque la mayoría está en programas de reparación, en que sus padres han sido negligentes en el cuidado, pues ellos mismos han estado involucrados en hechos de consumo o de microtráfico y al menos dos, vinculados a robo en la comuna, es decir, con un historial violento y sin red de apoyo».
Lamenta que no exista una institucionalidad que se haga cargo de estos estudiantes, «puesto que no estamos hablando del alumno problemático, sino del alumno que requiere un trabajo de programa especializado de reparación. Y los cupos son pocos o los profesionales son pocos».
Sí aclara que «más que estigmatizar a este joven, lo que quiero graficar es que esa es la realidad de algunos alumnos que no tienen red, que están derivados por tribunales para programas especializados y que no están siendo intervenidos adecuadamente no porque el profesional de un programa específico no quiera, sino porque hay pocos cupos…».
Más focalizado
A propósito de los mensajes que hubo la semana pasada, en que supuestamente iba a haber un tiroteo, el municipio anunció acciones legales, como la presentación de querellas, buscando que el Ministerio de Educación y otras entidades definan cómo dar continuidad al estudio de estos jóvenes sin comprometer la seguridad de los demás.
«¿Qué vamos a hacer desde la perspectiva de la investigación? ¿qué va a hacer el Ministerio de Educación? ¿Cómo le damos continuidad de estudio, pero sin que perjudique a la totalidad de las comunidades educativas? ¿Cuál es la capacidad que tienen estos programas de reparación? Estamos en una situación compleja que, a propósito de lo sucedido en Calama, se ha hecho más público y por eso requiere de un trabajo mucho más focalizado e interdisciplinario».
