Este domingo, Javiera Rodríguez y Paz Charpentier visitaron en el Penal de Huachalalume al ex conscripto Carlos Robledo y exigieron su liberación.
Rechaza totalmente la relativización de los crímenes cometidos durante el estallido social y la visita realizada por las diputadas del Partido Republicano, Javiera Rodríguez y Paz Charpentier, a Carlos Robledo, ex conscripto condenado a 10 años de cárcel por la muerte de su hijo, el joven ecuatoriano Romario Veloz Cortez, en el contexto del estallido social de 2019.
Mery Cortez es categórica al señalar que «esta situación me genera una profunda preocupación y también una sensación de revictimización. Mientras algunas autoridades se reúnen con el condenado y promueven su liberación, las víctimas seguimos teniendo que defender una verdad que ya fue establecida judicialmente».
Se debe escuchar
a las familias
Mery plantea que «las autoridades tienen el deber de escuchar también a las víctimas, conocer las sentencias y respetar la autonomía del Poder Judicial» y agrega que la defensa política de un condenado no puede significar invisibilizar el dolor, la dignidad y los derechos de quienes perdieron a un familiar.
Para la madre de Romario Veloz, si bien es legítimo que se quiera exigir la libertad de Carlos Robledo, es aún más trascendente que se tenga en cuenta el crimen imputado al ex conscripto, la sentencia judicial y el derecho de la familia del joven ecuatoriano a la verdad, la justicia y la reparación.
Deshumanización
del migrante
La condición de joven, migrante y afrodescendiente del joven ecuatoriano es un elemento que, a juicio de Mery, derivó en su deshumanización por parte de las parlamentarias. «No todos los migrantes vinimos a delinquir al país. Hay muchos migrantes que venimos a ser un aporte, en cultura, educación, deporte, en economía y en muchas otras áreas. Todo el dinero que aportamos los migrantes por el pago de nuestras visas va a las arcas fiscales, pero nos responsabilizan de desestabilizar el país», sentencia Mery Cortez.
Defensa de la
familia reafirma
responsabilidad de Robledo
Por parte de la defensa de la familia de Romario Veloz, plantearon su «profunda preocupación frente a la visita efectuada por las diputadas Paz Charpentier y Javiera Rodríguez a Carlos Robledo Olguín en el Complejo Penitenciario de La Serena y, especialmente, frente a los esfuerzos destinados a obtener un indulto presidencial para quien ha sido presentado públicamente como una persona injustamente condenada y como un «preso por servir».
Los abogados recuerdan que Robledo se encuentra cumpliendo una pena de diez años de presidio por violencia innecesaria y que no se trata de una persona «encarcelada por el solo hecho de haber vestido un uniforme», sino de alguien cuya responsabilidad penal fue establecida mediante una sentencia dictada por los tribunales de justicia.
«Las parlamentarias tienen pleno derecho a sostener posiciones respecto de la institución del indulto pero muy distinto es que la reivindicación política de un condenado termine deslegitimando públicamente una decisión de los tribunales y obligando a la familia de Romario a defender nuevamente, años después de su muerte y después de concluido el proceso penal, aquello que la justicia ya estableció», señalaron los abogados.
