Vecinos del sector acusan presiones para entregar derechos de agua y denuncian cortes en el suministro. En paralelo, se investiga al empresario en una causa por presunta usurpación de aguas, mientras denunciantes lo vinculan a sociedades involucradas en loteos rurales.
Por Joaquín López Barraza
El empresario fue formalizado el pasado 26 de mayo en una causa por el presunto delito de usurpación de aguas en el ex Fundo Loreto, el mismo día en que enfrentó cargos en el denominado caso Papaya Gate. En paralelo, un grupo de vecinos del sector rural lo denuncia por apropiación indebida de derechos de agua, presuntamente a través de empresas vinculadas a loteos irregulares.
«Nos cortan el agua si no entramos a su negocio», acusan vecinas y vecinos del ex Fundo Loreto, un extenso predio subdividido en parcelas rurales en la Región de Coquimbo. Los testimonios apuntan a una situación que —según ellos— se arrastra desde hace años, marcada por el cambio constante de sociedades, presiones para ceder derechos de agua y amenazas de corte del suministro en un territorio que, recalcan, es rural y no está sujeto a normas de condominio.
Las denuncias provienen de parceleros que compraron terrenos en la zona hace más de una década. Muchos aseguran haber adquirido, junto con la tierra, derechos de agua. Sin embargo, relatan que con el tiempo comenzaron los conflictos, principalmente por la gestión de estos derechos y la aparición de nuevas empresas administradoras.
«Nosotros compramos en 2019 parcelas con agua. A la sociedad Agrícola Bakulic e Hijos Limitada», cuenta Karla Gajardo. «Después se fueron cambiando los nombres de las empresas, a Inmobiliaria Bakulic, y así, una tras otra. Hoy en día hay más de mil parcelas y a muchas les cortaron el agua», afirma.
Según los denunciantes, una de las sociedades actuales, Administración Altovalsol SPA, actúa como administradora del conjunto, pese a que —según su versión— los terrenos fueron adquiridos como predios rurales bajo el decreto ley 3.516.
«Nosotros no compramos en un condominio», insiste Patricia Allende, vecina del sector. «Sin embargo, nos cobran como si lo fuera, y a quienes no pagan, les cortan el agua. Incluso hay vecinos a quienes les han rematado las parcelas», señala.
Héctor Concha, otro parcelero del sector, sostiene que hubo presiones para ceder los derechos de agua a la empresa administradora. «Para tener agua, primero tenías que entrar a su negocio. Y parte del trato era entregar tus derechos de agua. Como muchos nos negamos, nos empezaron a cortar el suministro», relata.
Los denunciantes sostienen que existe una estrategia que incluiría traspasos de derechos entre sociedades, la creación de nuevas empresas y el loteo continuo en zonas rurales. «Siempre hay un elemento común detrás de estas empresas: los Bakulic», plantea Concha. «Y siguen vendiendo terrenos hacia los cerros. ¿De dónde sacan el agua, si aquí no hay más?», cuestiona.
La abogada Claudia Cereceda, del estudio jurídico Mundaca, representa a un grupo de vecinos en la causa penal. Confirma que el 26 de mayo se realizó una audiencia de formalización por el presunto delito de usurpación de aguas. «Se investiga la apropiación irregular de derechos de agua. Es un caso complejo, pero con consecuencias reales para los vecinos. Esperamos que se tomen medidas concretas», señaló.
Algunos formalizados no asistieron a esa primera audiencia, por lo que se fijó una nueva para el 1 de julio. «Lo que exige la comunidad es simple: que se restablezca el imperio del derecho y se sancione la usurpación, como establece el Código de Aguas», agregó.
Por ahora, el suministro hídrico sigue siendo irregular en el Fundo Loreto, de acuerdo con los testimonios recogidos. Algunos vecinos aseguran tener agua, otros no. Y quienes reciben, afirman que la cantidad es menor a la que les correspondería según sus títulos. Mientras tanto, los parceleros advierten que continúan apareciendo nuevos loteos en el sector.
