Pascual Aguilera, dirigente regional, califica de «soberbia» la decisión del Ejecutivo de quitar una iniciativa trabajada por años.
Por René Martínez Rojas
Un mazazo, qué duda cabe. Y lo lamentan los pescadores artesanales del país y la región de Coquimbo, luego que la Subsecretaría de Pesca confirmara este jueves que retirará el proyecto de nueva Ley General de Pesca —impulsado en el gobierno de Gabriel Boric— para someterlo a revisión y priorizar reformas a la normativa vigente.
La decisión generó inmediatas críticas de Pascual Aguilera, Consejero Nacional de Pesca de la macrozona tercera y cuarta región y presidente de la Fetramar Elqui.
Reconoce que, como parte del Consejo Nacional, estaba presente cuando el subsecretario hizo el anuncio «y todo el trabajo que veníamos avanzando por años esta nueva administración lo retira de una plumada a foja cero. No han aprendido absolutamente nada», señaló Aguilera, catalogando la acción como un «misilazo a la línea de flotación de la pesca artesanal», sumado a la preocupación por el alza del precio de la bencina.
Lamentó que el esfuerzo invertido en el Congreso con parlamentarios no haya sido valorado, calificando la decisión como una muestra de soberbia por parte del Ejecutivo.
De hecho, reconoce que, si como pescadores estaban preocupados por el alza de la bencina, «imagínate con esto, pues lo poco que habíamos avanzado lo retiran. Pareciera ser que el resto de la ciudadanía no existe para esta gente que hoy está gobernando y tendrán que hacerse cargo de las consecuencias».
SÍ confirmó que lograron transformar el artículo específico sobre el fraccionamiento en una ley propia, asegurando que ese punto «es inamovible». Sin embargo, el proyecto original contenía más de 370 artículos, todos los cuales fueron retirados.
«De no haberlo hecho seguramente habría pasado lo mismo, por eso nos preocupamos de separar ese artículo que hablaba de fraccionamiento para transformarlo en ley, porque era predecible que esto pasara».
Aguilera informó que en la región de Coquimbo el gremio agrupa a cerca de 5.800 pescadores, con un impacto indirecto que supera las diez mil personas.
Críticas del Congreso
La diputada Carolina Tello (FA) señaló que el retiro del proyecto no es una decisión técnica, sino un intento por preservar el legado de la Ley Longueira y mantener el sistema de Licencias Transables de Pesca (LTP-A): un traje hecho a la medida para las 7 familias».
Mientras que Nathalie Castillo (PC) sostuvo que «retirar esta ley es una muy mala señal y confirma que el gobierno de Kast está optando por salvar la corrupta Ley Longueira. Estamos hablando de una demanda histórica de la pesca artesanal que ya se estaba tramitando en el Congreso, con debate democrático y participación».
