Una grave controversia judicial amenaza la transparencia de al menos ocho diputados y diputadas de diversas tiendas políticas, quienes enfrentarían una investigación del Ministerio Público por presunta infracción a la ley de probidad.
La Fundación Acción Ciudadana presentó una acción judicial que ya fue acogida por tribunales y remitida a la Fiscalía, acusando a los legisladores de no haber incluido deudas por créditos universitarios en sus declaraciones obligatorias de intereses y patrimonio.
El centro de la acusación
Según la información recopilada por BioBioChile, la denuncia se fundamenta en que la sola existencia de la deuda no constituye delito, pero sí lo sería el no haber transparentado dicha morosidad. La normativa exige que los legisladores declaren deudas que superen las 100 UTM (cifra que ronda los 7 millones de pesos), un requisito que, según la acción judicial, ninguno de los ocho apuntados habría cumplido.
Entre los involucrados se encuentran tres integrantes del oficialismo, entre ellos las diputadas de la región: Nathalie Castillo (PC) con una deuda reportada de 27.8 millones y Carolina Tello (FA) con 12.9 millones.
El Ministerio Público deberá ahora investigar si la omisión de estas deudas en las declaraciones constituye o no el delito de incumplimiento de deberes fiduciarios o transparencia.
