Rechazo en abogados especialistas en derechos humanos causó la propuesta de Arturo Squella, senador del Partido Republicano y presidente de la tienda, quien planteó en diversos medios de comunicación, la idea de restablecer la «justicia militar».
Por: Bastián Álvarez Pardo
Según Squella, una de las personas más cercanas al presidente José Kast, los jueces civiles no son idóneos y no poseen el conocimiento necesario para medir el «uso racional de la fuerza», por lo que propone que se restablezcan los tribunales militares.
En palabras simples, se busca que los funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas sean juzgados por tribunales militares y no civiles.
A juicio de Adriana Rojas, abogada especialista en derechos humanos y representante de la familia de Romario Veloz, la propuesta de Squella solo generaría privilegios y beneficios de un sector, en este caso, las fuerzas armadas, por sobre la ciudadanía.
«Lo que propone Arturo Squella es un retroceso. En primer término, porque propone hacer una modificación legal que sería incumplir una condena del Estado de Chile, en referencia al caso Palamara vs Chile, en virtud de la cual se realiza la modificación al Código de Justicia Militar en 2010».
Recordemos que en el caso Palamara vs Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado de Chile aplicar el sistema de justicia militar sólo para aquellos casos de delitos cometidos por militares en ejercicio de sus funciones, adecuando su legislación a los estándares internacionales.
Y, en función de dicha modificación de competencias, al sacar de la justicia militar las competencias en casos en los que estén involucrados civiles, lo que se busca es que la justicia sea igual para todos, señala Rojas.
Lo anterior implica que, como señala la jurista, «algunos grupos de la sociedad, en este caso los militares, dejaran de tener privilegios por sobre otros miembros de la sociedad»; sin embargo, lo que Squella propone es que las personas que pertenezcan a determinadas instituciones no asuman dichas responsabilidades, lo que genera problemas democráticos e inseguridad en la ciudadanía.
Por su parte, Álvaro Aburto, abogado especializado en derechos humanos, plantea que «no hay ningún elemento que permita sostener que un juez, con calificación civil, que asistió a la academia judicial y que es abogado de profesión, tenga menos elementos para arribar a una conclusión jurídica, que un juez militar».
