Ambos contratos fueron firmados en 2019 con familiares que denunciaron la remoción de restos sin autorización. A cambio de beneficios materiales, las personas renunciaron a ejercer acciones civiles o penales contra la administración del camposanto.
Por Joaquín López Barraza
Durante el primer bimestre de 2019, la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CGGV) de La Serena firmó al menos dos contratos de transacción extrajudicial con familiares de personas sepultadas en el Cementerio General de Las Compañías, luego de que estos denunciaran la exhumación y traslado de restos sin consentimiento previo.
Según consta en documentos notariales revisados por Diario La Región, los acuerdos fueron suscritos ante notario por el entonces secretario general de la CGGV, Patricio Bacho Chávez, y representantes de las familias afectadas. En ambos casos, la corporación ofreció compensaciones a cambio de que los firmantes renunciaran expresamente a ejercer acciones legales de cualquier tipo en el futuro.
Un traslado sin aviso previo
Uno de los casos corresponde a una viuda cuyo esposo había sido sepultado en el nicho 11.283 del Patio 4 del cementerio. El 8 de enero de 2019, los restos fueron trasladados al osario N°4 del mismo patio sin aviso a la familia, a pesar de que —según la afectada— la sepultura estaba vigente y al día en sus pagos.
En el contrato de transacción se deja constancia de que la persona afectada presentó documentación de respaldo, incluyendo convenios de pago y comprobantes de renovación de derechos de sepultura hasta 2028. Sin embargo, la administración del cementerio alegó una deuda pendiente de $50.000, la cual fue discutida por la familia.
Ante la situación, y con el objetivo de «precaver cualquier litigio eventual de naturaleza civil, penal o de cualquier otra naturaleza», la CGGV ofreció una compensación económica de $1.400.000, más la asunción de todos los costos asociados al traslado de los restos a otro cementerio, incluyendo urna, párroco, lápida y servicios funerarios.
A cambio, la firmante declaró que «no tiene cargo, reclamo, demanda, ni acción alguna que formular de carácter civil, penal o de otra naturaleza» contra la Corporación Municipal. Además, el contrato especifica que ninguna otra persona podrá interponer demandas sobre este caso, dado que los derechos no han sido cedidos a terceros.
Compensaciones materiales a cambio de silencio legal
El segundo documento, también de febrero de 2019, corresponde a una hija que denunció la situación de los restos de su padre, sepultado en el cementerio desde 1994. En este caso, la CGGV se comprometió a:
* Exhumar y trasladar los restos a un nuevo nicho individual.
* Proveer una urna de reducción y una lápida de mármol grabada con bordes cerámicos.
* Ampliar el plazo de la sepultura por 10 años adicionales, hasta 2029.
A cambio, se estableció que la firmante renunciaba a cualquier reclamo o acción judicial, y que el acuerdo era suficiente para dar por zanjada cualquier controversia con la administración del cementerio.
Ambos documentos fueron firmados con respaldo notarial y están regidos por los artículos 2446 y siguientes del Código Civil, que permiten este tipo de transacciones para evitar litigios.
Aunque los contratos cumplen con los requisitos legales de una transacción extrajudicial, el contenido de las cláusulas genera cuestionamientos sobre el contexto en que fueron firmados y el grado de información que tenían las personas afectadas al momento de renunciar a futuras acciones legales.
En ambos casos, la administración del cementerio reconoce tácitamente que se cometieron errores u omisiones, pero las respuestas institucionales fueron de carácter administrativo y económico, sin que se haya registrado —según consta en los documentos— ninguna responsabilidad sancionada o notificada públicamente.
El hecho de que estos contratos se hayan firmado en 2019 cobra relevancia en el contexto de la actual investigación penal por inhumaciones ilegales en el cementerio de Las Compañías, iniciada en 2024 tras nuevas denuncias y querellas interpuestas por el municipio.
Bajo reserva
Diario La Región ha optado por resguardar las identidades de las personas involucradas, tanto por el carácter sensible de los hechos como por respeto a los procesos judiciales en curso. Sin embargo, se deja constancia de que ambos documentos son instrumentos públicos autorizados ante notario y están debidamente protocolizados.
