Parlamentarios de la Región de Coquimbo y Atacama criticaron la ausencia del líder republicano en la comisión investigadora del robo de cables, tras la condena de 13 personas en el caso que involucra a un exmilitante del partido.
Por Joaquín López Barraza
Este miércoles 13 de agosto de 2025, un día después del fallo que condenó a 13 personas por asociación criminal, receptación y lavado de activos en la Operación Oro Rojo, diputados de la región de Coquimbo y de Atacama emplazaron públicamente a José Antonio Kast a asistir a la Comisión Especial Investigadora sobre el robo de cables.
El debate se reavivó tras conocerse que el principal acusado, el empresario Francisco San Martín, sindicado como líder de la organización criminal y actualmente en prisión preventiva, fue militante del Partido Republicano y precandidato a alcalde por Coquimbo en 2024. Los parlamentarios acusan que su expulsión del partido en 2025 ocurrió veinte días después de su detención, pese a que —según sostienen— ya existían antecedentes en su contra desde 2022.
La diputada Nathalie Castillo (PC) señaló que la negativa de Kast a asistir a la comisión impide esclarecer la eventual relación entre la colectividad y San Martín. «Creemos que él tenía mucha información que aportar a propósito de su liderazgo en el Partido Republicano cuando se destapó esta banda criminal», dijo, agregando que también esperan explicaciones del diputado José Carlos Meza, a quien la prensa ha vinculado con reuniones partidarias en las que participaba el empresario.
El diputado por la región de Atacama Cristian Tapia consideró una falta de respeto que Kast haya calificado la instancia como «política» y sostuvo que el robo de cables «es tremendo» por sus efectos directos en la población. «¿Qué miedo tienen de venir a comparecer? Aquí no lo estamos esperando con armas, sino para hacerle consultas y que responda lo que quiera responder», afirmó, recordando que solo en La Higuera se han robado 14 kilómetros de cable en lo que va del año, dejando a comunidades sin luz ni agua.
Para la diputada Carolina Tello (FA), la actitud de Kast es incompatible con sus aspiraciones presidenciales: «Lo mínimo que podría hacer un candidato presidencial es venir a dar la cara» en un caso que ha dejado a familias sin servicios básicos y ha revelado la existencia de bandas de crimen organizado.
El diputado Daniel Manouchehri (PS) fue más allá, acusando a Kast de mentir al afirmar que San Martín fue expulsado «de inmediato» al conocerse su implicación. «El señor San Martín fue detenido por este delito en 2022, fue querellado por Aduanas en 2024 y, aun así, el Partido Republicano lo promovió como precandidato a alcalde por Coquimbo ese mismo año. Recién en 2025 fue expulsado, veinte días después de su detención como líder de esta banda criminal», aseguró. También cuestionó si la casa del empresario fue utilizada como sede de reuniones del partido y si parlamentarios acudieron a ella.
Castillo cerró el punto de prensa reiterando que «el que nada hace, nada teme» y que Kast «puede comparecer a modo de invitado, no citado, para entregar la información que estime pertinente a esta comisión», recordando que el reglamento no obliga su asistencia pero que la transparencia política lo haría aconsejable.
