En la audiencia realizada este miércoles, la Fiscalía solicitó la suspensión condicional del procedimiento por un año contra los tres imputados, lo que desató indignación entre organizaciones animalistas y la exconcejala de La Serena, Daniela Molina, quienes evalúan apelar a la decisión.
Por: Valentina Echeverría O.
Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización por el caso de los perros comunitarios «Llorón» y «Negrita», sacrificados en mayo de 2023 en la sede La Serena de la Universidad del Alba. Los sujetos en calidad de imputados — Bárbara Espínace, Paula Olivares y Julián Reyes — fueron formalizados por maltrato animal.
Sin embargo, la Fiscalía solicitó la suspensión condicional del procedimiento por un año, lo que implica que si los acusados no cometen nuevos delitos durante ese período, la causa se dará por cerrada sin condena. Además, los imputados deberán pagar un millón de pesos a la Corporación Alas, organización animalista querellante en la causa, monto que se dividirá en tres pagos de aproximadamente $333 mil cada uno.
La decisión generó molestia entre los asistentes a la audiencia, quienes esperaban sanciones severas. La exconcejala y activista animalista, Daniela Molina, quien estuvo presente en la instancia, expresó su decepción diciendo que «lamentablemente, muy por el contrario de lo que esperábamos, la Fiscalía solicitó rápidamente la suspensión condicional».
«Salieron libres a sus casas, una de las veterinarias incluso riéndose al salir, y la verdad es que fue bastante indignante. Nos parece una pésima señal, creemos que la Fiscalía tiene que investigar con mayor profundidad, porque existen antecedentes suficientes para considerar agravantes y no solo el delito de maltrato animal».
Asimismo, también señaló que la Corporación Atlas planea destinar los recursos a un operativo de esterilización, calificando el dinero como «manchado con sangre» y que no vale la vida de Llorón y Negrita . También, adelantó que junto a sus abogados evaluarán un recurso de apelación. «Vamos a estudiar la posibilidad de revertir este resultado. No es posible que la vida de estos animales se reduzca a un pago a 300 mil pesos por imputado, menos aún tratándose de profesionales que debían dar el ejemplo en ética y valores».
