La formalización indica que Francisco San Martín habría usado una empresa sin actividad para transferir bienes por más de $1.000 millones. Un abogado penalista advierte que esta maniobra complica la persecución judicial de esos activos.
Por Joaquín López Barraza
El expediente de formalización contra Francisco San Martín, conocido como el «Rey del Oro Rojo», abrió una nueva arista en la investigación: el traspaso de 14 propiedades a una sociedad de papel, sin actividad comercial, lo que el Ministerio Público imputa como parte de un esquema de lavado de activos.
La minuta, a la que tuvo acceso este medio, describe que San Martín constituyó una empresa individual de responsabilidad limitada que nunca inició actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Pese a no tener movimiento comercial, recibió el traspaso de distintos bienes, entre ellos lotes, departamentos, viviendas y bodegas.
De acuerdo con la minuta de formalización, esta operación habría tenido como fin ‘ocultar o disimular el origen ilícito de los dineros’ provenientes de la comercialización ilegal de cobre, además de dificultar la persecución judicial de su patrimonio.Asociación ilícita, receptación y lavado de activos
San Martín fue formalizado como cabecilla de la denominada Operación Oro Rojo, que indaga una red dedicada al robo y comercialización de cables de cobre en la Región de Coquimbo y otras zonas del país. Los cargos incluyen asociación ilícita, receptación y lavado de activos, junto con eventuales delitos tributarios y aduaneros aún en investigación.
El abogado penalista Luis Acevedo explicó que este tipo de movimientos son habituales en causas de blanqueo. «Es una estrategia para desviar el patrimonio y así protegerlo, porque dificulta la persecución sobre esos bienes. En definitiva, el riesgo es que tras una condena se cumpla la pena, pero los bienes sigan estando bajo su control», señaló.
Una práctica que entorpece la acción judicial
De acuerdo con Acevedo, el traspaso de propiedades a sociedades de papel tiene un doble efecto. «Por un lado, permite configurar el delito de lavado de activos, y por otro, entorpece la persecución penal, porque jurídicamente los bienes pasan a estar en manos de otro sujeto», explicó.
El listado de propiedades mencionado en el expediente incluye lotes urbanos y rurales, departamentos en distintas comunas, una vivienda y un sitio con bodega. Todos habrían sido transferidos a la misma sociedad de papel lo que, según el expediente, dificultaría el embargo o la incautación directa el embargo o la incautación directa.
Penas que arriesga el imputado
Mientras sus colaboradores ya han accedido a procedimientos abreviados con penas menores, San Martín continúa en prisión preventiva a la espera de juicio. Por asociación ilícita y receptación, las penas van de tres a cinco años. Pero por el delito de lavado de activos, la condena podría llegar hasta 15 años de presidio, dependiendo de su rol como cabecilla.
«Por la magnitud de los bienes y la participación que se le atribuye, la imputación de lavado de activos es la más gravosa», subrayó Acevedo.
Investigación en curso
Además del patrimonio inmobiliario, el expediente consigna que la Fiscalía indaga eventuales delitos tributarios y aduaneros, los que aún no están determinados en detalle.