Entre enero y junio de 2025, la Región de Coquimbo pasó de 3.452 a 3.599 ingresos por violencia intrafamiliar respecto del mismo período de 2024. Amenazas y desacato lideran las denuncias, y el Ministerio Público contabiliza siete ingresos por femicidio.
La curva semestral vuelve a tensionar la discusión sobre protección efectiva. El boletín del Ministerio Público muestra que la región acumuló 3.599 ingresos VIF en el primer semestre de 2025, 147 más que en 2024. La categoría Amenazas lidera con 1.183 ingresos, seguida por Desacato —incumplimiento de medidas— con 499. En el mismo período se registran siete ingresos por femicidio vinculados a relaciones con marca VIF.
Fiscalía aclara que «ingresos» son delitos asociados a relaciones con marca VIF (y también femicidio, parricidio o maltrato habitual), contabilizados por caso y tipo penal al momento de inicio de la investigación. Ese criterio explica que el cómputo no siempre coincida con la recalificación posterior en juicio.
La presencia de Desacato en casi quinientos ingresos del semestre es una señal de alerta: si una parte de los agresores incumple medidas de protección, el riesgo para las víctimas se mantiene alto. La Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, aprobada en marzo de 2024 y vigente desde julio de ese año, refuerza la supervisión judicial de las cautelares para elevar su cumplimiento.
La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Camila Sabando, sostiene que la implementación debe sentirse en el territorio, con menos revictimización y más control efectivo. Desde su cartera, el mensaje es empujar el uso de las herramientas nuevas —como la persecución de la violencia digital— y las que se robustecen con la ley, por ejemplo la información compartida entre instituciones.
La red que hoy está disponible
Más allá de la ley, el soporte cotidiano lo brindan los dispositivos regionales. SernamEG informa más de 1.200 mujeres atendidas en sus Centros de la Mujer durante el último año y más de 100 usuarias en el Centro de Atención Especializada en Violencia de Género, que articula apoyo psicológico, psiquiátrico, social y representación jurídica.
Sabando insiste en orientar la primera llamada y la denuncia. Recomienda 1455 (orientación SernamEG, todos los días), 149 (Familia de Carabineros), 133 (Carabineros) y 134 (PDI). Para contextos de alto riesgo —por presencia de drogas, armas o crimen organizado— sugiere 4242 Denuncia Seguro, que permite reportar sin exponerse. También remite a leintegral.cl para conocer derechos y rutas de acción.
La seremi anticipa que, al incorporar figuras antes invisibilizadas, las cifras de ciertas violencias pueden subir por mejor identificación, no necesariamente por mayor incidencia. Enumera como ejemplos la violencia gineco-obstétrica (reconocida como agravante), la violencia política y la violencia económica —conexas a deudas de alimentos—, además de la ya mencionada violencia digital.
Radiografía judicial y un matiz metodológico
El reporte semestral también muestra que los términos de causas VIF pueden superar los ingresos de un semestre, porque incluyen relaciones concluidas que ingresaron en períodos anteriores. En Coquimbo, el semestre cerró con 4.045 términos para 3.599 ingresos, una razón de 112,39%, consistente con esa dinámica de rezago y arrastre.
Lo que queda en disputa: denuncia y protección efectiva
Con Amenazas como principal categoría y Desacato como flanco sensible, el desafío inmediato es transformar el mayor flujo de denuncias en protección real. Para Sabando, el primer paso es levantar la mano a tiempo; el segundo, exigir que el sistema responda sin excusas, con cautelares vigiladas y menos trámites repetidos. La campaña «Una Ley en Nombre de Todas» apuesta precisamente a eso, tras siete años de tramitación legislativa.
