El tema es fuertemente seguido por el senador Daniel Núñez y la consejera regional Tatiana Cortés están apoyando una acción civil a la que se están sumando diversos afectados por los cortes de luz causados por estas organizaciones criminales.
La operación «Oro Rojo» permitió desbaratar una red internacional dedicada al robo, blanqueamiento y exportación de cables de cobre. Sin embargo, hasta ahora las comunidades rurales siguen sufriendo este delito y necesitan que se haga justicia.
El líder de la banda capturada es un destacado «empresario minero», dirigente y excandidato a alcalde por el Partido Republicano. Francisco San Martín acumuló un cuantioso patrimonio, incluso traspasando 14 propiedades a una sociedad que formó pocos días antes de ser capturado, para evitar embargos. Así consta en la investigación del Ministerio Público.
La ciudadanía, además de exigir penas de cárcel para estos criminales, demanda una retribución por los daños sufridos y que ésta provenga de los millones acumulados por los delincuentes.
En Ovalle, con el apoyo del senador Núñez y la consejera Cortés, se reunieron vecinas y vecinos afectados para exponer sus problemáticas y levantar una demanda civil colectiva contra San Martín y contra quienes siguen operando en este lucrativo negocio ilegal.
El abogado Luis Acevedo se encuentra recopilando antecedentes en la provincia de Limarí y posteriormente en La Higuera, otra de las zonas golpeadas por estas bandas.
