El hallazgo de más de $2 mil millones en cheques girados y nunca entregados a proveedores, ocurrido en dependencias de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CGGV), no solo levantó cuestionamientos políticos, sino que ahora abre un debate jurídico.
Por Joaquín López Barraza
Durante la sesión del concejo comunal de la semana pasada, el secretario general de la entidad, Nilo Lucero, sostuvo que, aunque existieran fondos, la corporación no podía cancelar esas facturas porque ya habrían prescrito. Sus palabras se sumaron a la preocupación de los concejales, quienes han insistido en la necesidad de contar con información respaldada y completa sobre la verdadera magnitud de las obligaciones impagas de la institución.
La explicación de Lucero, sin embargo, fue matizada por la visión experta del abogado y académico de la Universidad Central, Juan Pablo Marín, quien precisó que esa interpretación es incompleta. «Es cierto que las deudas prescriben, pero no es la corporación la llamada a decidirlo. Para que ocurra, necesariamente se debe tener una sentencia judicial. Es el tribunal la única institución que puede declarar que una deuda está prescrita», señaló en conversación con este medio.
Marín agregó que, en ausencia de esa declaración, las obligaciones siguen plenamente vigentes para los acreedores. «Mientras no se declare la prescripción, esa deuda sigue siendo eventualmente cobrable. Los proveedores pueden ejercer acciones legales, incluso un juicio ejecutivo, para intentar hacer efectivo el pago», explicó.
El jurista también advirtió que no todas las deudas se prescriben en los mismos plazos. «No es lo mismo una factura comercial que un crédito de consumo o una deuda previsional. Cada tipo de obligación tiene plazos distintos, y es justamente el tribunal el que debe determinar si corresponde declarar la prescripción. Imagínese lo riesgoso que sería que cualquier institución pudiera auto declararse libre de sus compromisos», subrayó.
El descubrimiento puso en evidencia documentos financieros que nunca fueron entregados a sus destinatarios, lo que aumentó la incertidumbre sobre el manejo administrativo de la CGGV y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades penales.
Este episodio se suma a la millonaria deuda total de $80 mil millones que arrastra la corporación, equivalente casi al presupuesto anual del Gobierno Regional de Coquimbo. En esa cifra se incluyen pasivos en educación, salud y cotizaciones previsionales, que afectan directamente a trabajadores de la comuna y a proveedores que aún esperan pago por servicios prestados.
