Aunque la administración reconoce que la institución está quebrada, ediles acusan falta de transparencia en nuevas contrataciones y piden claridad sobre la gestión de personal.
Por Joaquín López Barraza
La crisis financiera de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CMGGV) ha sido reconocida en reiteradas ocasiones por la alcaldesa Daniela Norambuena, al punto de que la propia administración ha evaluado un eventual cierre de la entidad. Sin embargo, en medio de ese escenario de déficit, concejales de La Serena cuestionan la falta de transparencia en nuevas contrataciones, lo que consideran una contradicción frente al estado de quiebra que se ha descrito.
Después del último consejo municipal, la concejala Luisa Jinete recordó que la corporación «se recibió muy quebrada, con deudas terribles y malos manejos». Según relató, se encontraron cajas con facturas y cheques sin pagar, lo que ha dejado a la institución con graves dificultades para adquirir insumos y medicamentos. Aun así, la edil cree que la solución no está en aumentar la dotación, sino en ajustarla: «Desafortunadamente hay que pensar en despidos, porque hay sobredotación en el área administrativa. Lo más importante es que esto no afecte la atención de salud, que debe mantenerse constante y de calidad».
Las dudas sobre las contrataciones también han sido planteadas por el concejal Cristian Marín, quien insistió en que el municipio debe entregar información clara sobre la real situación de la corporación. «Los antecedentes de Transparencia muestran que efectivamente hay gente contratada, lo que es contradictorio si se nos dice que la corporación está quebrada y al mismo tiempo se pide subvención adicional», señaló. Para Marín, la clave es contar con un plan financiero concreto: «No basta con describir la deuda; necesitamos saber qué se hará para mejorar y cuál será el aporte de la corporación más allá de pedir recursos al municipio».
En la misma línea, la concejala Rayén Pojomovsky ha solicitado en varias ocasiones un consolidado que detalle cuántos funcionarios han sido contratados o desvinculados en este periodo. «Desde que entró la nueva administración hemos visto despidos tanto en la corporación como en la municipalidad, lo que ha significado un gasto importante. Solo en el último consejo aprobamos 91 millones de pesos en cinco avenimientos. Quizás no era el momento para hacerlo, considerando la crisis financiera», apuntó. A su juicio, resulta llamativo que se realicen contrataciones que posteriormente la propia administración anuncia que serán desvinculadas.
