El especialista Luis Pizarro, quien presentó nuevas observaciones al proyecto, acusa que el Ministerio de Obras Públicas no realizó las prospecciones exigidas por el Consejo de Monumentos Nacionales y que ahora deberá ejecutarlas antes de continuar con la tramitación ambiental.
Por Joaquín López Barraza
El arqueólogo Luis Pizarro, experto en patrimonio con amplia experiencia en la Región de Coquimbo, advirtió que el proyecto de la Planta Desaladora de Coquimbo podría enfrentar un nuevo retraso de hasta un año debido al incumplimiento de los requerimientos arqueológicos establecidos por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
El profesional, quien accedió al oficio Nº 5676 emitido por el Consejo, explicó que el documento instruye al titular del proyecto —el Ministerio de Obras Públicas (MOP)— a realizar prospecciones subsuperficiales, es decir, excavaciones controladas o «pozos de sondeo» en dos sectores donde se detectaron sitios arqueológicos y formaciones paleontológicas.
«Los están obligando a responder cosas que no contestaron en la evaluación anterior. Se trata de prospecciones que implican excavaciones. Y para eso se necesita un permiso del Consejo que debe solicitarse con 90 días de anticipación. Solo ese trámite ya significa medio año de retraso, y si se suman las revisiones posteriores, hablamos fácilmente de un año», explicó Pizarro.
El arqueólogo detalla que el documento del CMN identifica dos áreas críticas dentro del trazado: los sitios PA-27 y Lagunillas, donde deben realizarse excavaciones para determinar la presencia de materiales en estratigrafía, además de zonas con «coquinas», formaciones compuestas por conchas marinas con alto valor paleontológico.
«A simple vista se observan sectores blancos que corresponden a coquinas. Son depósitos formados por conchas, con alto potencial paleontológico, similares a las formaciones donde apareció el hueso de ballena hallado en el hospital de Coquimbo», puntualizó.
De acuerdo con Pizarro, la solicitud del Consejo responde a observaciones que quedaron pendientes desde etapas anteriores y que no fueron subsanadas. «El consultor que elaboró el estudio de impacto ambiental no fue el mismo que hizo la adenda. Y las respuestas son livianas. No se hicieron los estudios cuando correspondía», advierte.
Además, critica que el proceso avance sin una consulta indígena actualizada ni un cronograma claro. «Este proyecto es el mismo que presentó Aguas del Valle hace años, y en ese caso sí hubo consulta indígena. Ahora intentan transcribir ese proceso al nuevo expediente, lo que no corresponde», señala.
El Olivar: el precedente que podría repetirse
Para el especialista, el retraso acumulado podría ser incluso mayor, considerando los plazos de revisión y aprobación de los informes finales. «La ley establece que una vez entregado el informe, el Consejo tiene 90 días para aprobarlo o pedir más información. Luego hay que tramitar el permiso ambiental sectorial y el plan de rescate, que también demoran. Todo eso suma, por lo bajo, doce meses más».
Pizarro sostiene que esta situación replica lo ocurrido en el sitio arqueológico El Olivar, donde los hallazgos extendieron las obras por años. «Estamos cayendo en la misma situación. El Consejo no puede seguir dando nuevas oportunidades cuando no se cumplen los estudios. En algún momento debe cerrarse el proceso, como exige la ley».
El especialista también observa un componente político en la urgencia por aprobar el proyecto. Señala que, al tratarse de una obra priorizada directamente por el Presidente de la República, existe una fuerte presión institucional por avanzar sin nuevos retrasos.
«Es comprensible que haya interés en concretarlo, pero los procedimientos técnicos deben cumplirse rigurosamente, porque los plazos están fijados por ley y los funcionarios públicos son responsables de su cumplimiento», advierte.
El periodo de consulta ciudadana del proyecto se abrió el 7 de octubre y se extenderá por 30 días hábiles. Pizarro adelantó que ingresará sus observaciones el próximo lunes, centradas exclusivamente en el componente arqueológico y paleontológico.
«Mi intención es que el MOP reconozca que tiene que hacer los estudios que no hizo. De lo contrario, esto se convertirá en otro El Olivar, con años de retraso y un patrimonio que sigue esperando protección», concluyó.