Rechazo transversal a la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Había sido una nota publicada este domingo en El Mercurio, donde se evidenciaba la denuncia de ciudadanos en Tongoy sobre el imapcto de esta ley en la zona.
En una declaración conjunta hecha por los gremios, y comunicada por el presidente de Sonami, Jorge Riesco, indicaron que se necesita que «los reglamentos resguarden el espíritu de la ley: que sean claros, compartidos por todos y que respeten los derechos adquiridos».
Una alerta intergremial levantaron las principales asociaciones empresariales del país por la forma en que el Ministerio del Medio Ambiente está elaborando los reglamentos de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
«Puede generar un congelamiento de la actividad productiva» o «estamos frente a una posible expropiación regulatoria», son algunas de las advertencias de los gremios que se unieron hoy para expresar su «profunda preocupación» frente al proceso que está llevando a cabo la cartera dirigida por Maisa Rojas.
La ley en jaque es la 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Al día de hoy se encuentra en etapa de consulta ciudadana. Al comienzo, el plazo de consulta era entre el 17 y 21 de octubre, pero por las manifestaciones en contra del plazo, se extendió entre el 3 y 5 de noviembre.
El problema —según el sector privado— es que, a su juicio, dicha determinación requería reglamentos que entregaran un marco claro, el cual hoy no existe. Por el contrario, afirman que la ambigüedad de la ley ha llevado al Ministerio del Medio Ambiente a establecer unas bases metodológicas y abrir una consulta pública para definir —vía decreto— 99 sitios prioritarios, donde se limitarían ciertas actividades, como extraer tierra de hoja, destruir nidos o recolectar ejemplares de especies nativas de plantas, algas, hongos y líquenes.
Se estima que serían cerca de 4 millones de hectáreas las que están bajo revisión por parte del ministerio, lo que podría afectar de manera significativa a diversos sectores productivos. Declaración conjunta Así, para expresar la fuerte inquietud del mundo privado frente a este tema, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; el presidente de la Sonami, Jorge Riesco; el presidente de la CChC, Alfredo Echavarría; el presidente de SalmonChile, Arturo Clément; el presidente de Corma, Rodrigo O’Ryan; el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval; la vicepresidenta de la SNA, Carolina Cruz; y la presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cerda, emitieron una declaración conjunta. El escrito, leído ante la prensa por Riesco, líder del principal gremio minero del país, parte señalando que «los principales gremios productivos del país manifestamos nuestra profunda preocupación ante la forma en que se están elaborando los reglamentos.
Durante la conferencia de prensa realizada en Santiago, liderada por Sonami sobre la ley SBAP, la región de Coquimbo estuvo representada por el gerente del Consejo Minero de Coquimbo, Corminco, Ignacio Pinto, quien participó junto a los presidentes nacionales de los principales gremios del país.
Jorge Riesco de Sonami dijo «Estamos siendo excluidos de un tema que ha sido monopolizado por un sector que cree que tiene la exclusividad de las medidas correctas para proteger al medio ambiente: las autoridades, el Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente»
