El grave episodio de violencia escolar que se registró el pasado miércoles 29 de octubre, sigue impactando en la comunidad estudiantil luego de que dos alumnas se enfrascaran en una pelea en el patio del recinto. En ese contexto el caso sumó un nuevo capitulo en temas de fiscalización.
Por Javiera Escudero
Según relató Patricia Codoceo, madre de la estudiante afectada, su hija fue «brutalmente agredida» por otra alumna, quedando con el rostro desfigurado producto de los golpes. «Mi hija caminaba junto a un compañero cuando fue empujada y atacada sin mediar provocación», expresó con indignación.
La madre aseguró que siente que el colegio se estaría «lavando las manos», con la declaración pública que realizaron el día lunes 3 de noviembre. Eso, ante «las pocas sanciones» que supuestamente habría recibió a la otra estudiante involucrada.
Además un nulo apoyo económico que la apoderada acusa haber recibido ante los elevados costos que esta situación generó por los daños que sufrió su regalona.
Entre la pérdida de lentes, cremas cicatrizantes, remedios y a la atención psicológica que no ha podido recibir la joven. Quien se encuentra traumatizada sin querer salir de su hogar debido a las heridas de su rostro.
Patricia, relata que asistió a las instalaciones de SLEP Elqui en donde le habrían dicho que la institución educativa debió haberle otorgado el documento de accidente escolar, que según la apoderada, no ha recibido hasta la fecha y le ayudará a llevar a su hija a las consultas médicas que tendrá que enfrentar debido a este hecho de violencia sufrido.
Ante la difusión del caso, el Colegio Gabriela Mistral emitió una declaración pública en la que confirmó que el hecho fue intervenido «de manera inmediata» por los equipos de Inspección General y Convivencia Escolar, conforme al Protocolo de Actuación ante maltrato físico/verbal establecido en su Reglamento Interno (RI).
«El RI es el instrumento oficial que regula la sana convivencia dentro de nuestra comunidad educativa, y en casos de violencia física se considera una falta gravísima que conlleva medidas disciplinarias»
El colegio destacó además las acciones que realiza de forma permanente, como talleres psicológicos, capacitaciones a funcionarios y estudiantes en materia de seguridad y convivencia, y coordinación con instituciones como Carabineros, la PDI y Seguridad Ciudadana.
indagatoria
en curso
Fernando Sermeño, director regional de la Superintendencia de Educación en Coquimbo, indicó que el organismo inició una denuncia de oficio para determinar si las medidas adoptadas por el liceo se ajustaron a la normativa educacional.
«Todo acto de violencia es condenable y no debería ocurrir en un establecimiento educacional. Los contextos educativos deben ser espacios donde prime la seguridad y el respeto, y para eso los establecimientos deben contar con reglamentos internos que regulen las relaciones entre los distintos actores de la comunidad educativa, y con protocolos de actuación que contemplen procedimientos específicos para abordar las situaciones violencia en la escuela».
El director recalcó que, frente a situaciones de maltrato o acoso escolar, los establecimientos deben activar el protocolo correspondiente y aplicar las medidas formativas y de resguardo a quienes resulten afectados.
La convivencia tiene que jugar un papel central en las escuelas, por eso hacemos un llamado a los establecimientos a que sean abordados desde su etapa más temprana, mediante estrategias efectivas de resolución de conflictos, y cuando ello no es posible se articulen con las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la salud, ante conflictos que excedan las capacidades que pueda tener el establecimiento para abordarlos», finalizó Fernando Sermeño, director regional de Coquimbo de la Superintendencia de Educación
