La sostenedora y asesores legales explicaron que el futuro del colegio depende de lograr la trazabilidad del arriendo vigente desde 2011. El seremi se mantiene abierto a revisar esa vía mientras docentes se manifestaron afuera exigiendo certezas.
Valentina Echeverría O.
La actual sostenedora del Colegio Christ School, Elsa Parra, llegó este miércoles hasta el Mineduc para sostener una reunión con el seremi de Educación, Nicolás Pérez, en un encuentro que se extendió por más de dos horas y abordó el estado actual del proceso de cierre y las posibles opciones jurídicas para intentar revertirlo.
Alejandra Quezada, administrativa y asesora de la Corporación DPC, explicó que la reunión repasó la historia completa del conflicto, incluyendo el quiebre administrativo ocurrido en 2018 con el sostenedor anterior, tema que – según señaló – fue clave en la revocación del Reconocimiento Oficial (RO).
«Finalmente, se aunó el criterio de que el reconocimiento oficial fue revocado producto de la mala administración de la corporación anterior, perteneciente a la persona que hoy está con querellas por estafa, todo lo que sucedió alrededor del 2018».
El punto más crítico del encuentro fue la continuidad del contrato de arriendo, requisito indispensable para solicitar un nuevo Reconocimiento Oficial. Quezada explicó que, debido a cambios normativos, la ley no permite actualmente contratos de arriendo a corporaciones educacionales, salvo que exista una argumentación jurídica sólida.
«Nos dijeron que presentaremos los argumentos para hacer valer la trazabilidad del contrato, porque este no es un arriendo nuevo, sino una modificación del contrato vigente desde 2011». Aseverando que «si eso no prospera, se hace inviable continuar».
Asimismo, a la salida de la reunión, la sostenedora Elsa Parra aseguró que trabajarán jurídicamente la continuidad del contrato. «Vamos a justificar que tenemos un contrato del 2011, vigente hasta el 2027. La corporación fraudulenta nunca tuvo contrato, así que queremos demostrar la trazabilidad. También se verá la opción de una excepcionalidad».
Parra reiteró que su objetivo es mantener el colegio abierto y evitar que cientos de estudiantes queden sin continuidad educativa.
Según los asistentes, la autoridad regional planteó un escenario alternativo en caso de que no se logre sostener el contrato ni obtener RO. «El seremi dijo que, si no se resuelve el contrato, de aquí a abril se reubican los 240 alumnos que hoy están sin colegio. Pero los apoderados estaban muy angustiados, porque para ellos cambiarse implica costos extra, como de locomoción, que no pueden asumir».
Al respecto, el director subrogante del establecimiento, Pedro Pérez Jaque, valoró que la autoridad escuchará directamente a la comunidad. «Fue importante exponer nuestra realidad en la reunión. Somos un punto de apoyo social en el sector y no podemos simplemente dejar solos a tantos estudiantes y familias que siempre han contado con nosotros».
Profesores se suman a la presión
Horas antes de la reunión, profesores del colegio protagonizaron una manifestación en una caravana de autos con carteles y globos que desembocó en el frontis del Mineduc, una de las primeras organizadas de manera formal por el cuerpo docente.
Al respecto, María Isabel Vargas, profesora del establecimiento frenó su auto un momento y expresó la preocupación del equipo. «Estamos enfrentando un cierre anunciado desde marzo. Hoy 800 estudiantes no tienen reubicación y nosotros, 170 trabajadores, vivimos una incertidumbre tremenda».
«El antiguo sostenedor desapareció, así que colegas de 20, 10 o 5 años pierden su indemnización. Nadie se ha preocupado por nosotros ni por los niños, es por eso que comenzamos a manifestarnos, la primera caravana fue ayer (martes) y hoy se unieron más docentes, así seguiremos hasta tener una respuesta concreta».
