Una de las propuestas más llamativas del electo mandatario es el ajuste en el gasto público, el que podría ejecutarse en los primeros 18 meses.
Por René Martínez Rojas
A poco de haber sido electo presidente, tanto José Antonio Kast y su equipo económico, han delineado las primeras señales de lo que será su política, y en el centro del debate, el anunciado recorte fiscal de US$6 mil millones, el que podría ejecutarse durante los primeros 18 meses de gobierno.
La propuesta, no obstante, ha abierto interrogantes sobre su viabilidad, su impacto y las posibles repercusiones que podría tener en regiones, como Coquimbo, a partir de marzo del próximo año.
En ese punto, especialistas de distintas casas de estudios explicaron el ABC de las medidas de política fiscal y regulatoria orientadas, como ha señalado el electo mandatario, a estimular el crecimiento económico.
Sergio Zúñiga, académico de la UCN y doctor en Economía Financiera de la Universidad de Barcelona (España), explica que «considerando un gasto público total cercano a los US$ 85.000 millones anuales, dicho ajuste equivale aproximadamente a un 7% del gasto público total».
Para el ingeniero comercial de la Universidad Austral los impactos de un ajuste de esta magnitud «no serían homogéneos a nivel territorial, ya que las regiones con mayor dependencia del gasto público o de la inversión estatal, tenderían a resentir con mayor intensidad sus efectos».
En este contexto, la región de Coquimbo «presenta una dependencia intermedia del gasto público y de la inversión estatal, y, en consecuencia, el impacto del ajuste sería perceptible, pero no la situaría entre las regiones más afectadas del país. Esto es, porque la región cuenta con una base productiva privada relevante, sustentada en la minería mediana, agricultura, agroindustria, pesca y turismo, lo que le otorga una mayor capacidad de resiliencia frente a procesos de consolidación fiscal en comparación con regiones más dependientes del Estado como Aysén, Ñuble o La Araucanía».
No obstante, admite que «la región sigue siendo sensible a la inversión pública, en particular a la ejecución de obras de infraestructura y vivienda, a los programas de empleo y al gasto en salud y educación, áreas en las que eventuales ajustes podrían tener efectos económicos y sociales relevantes».
Reformas más profundas
Para el rector de la Universidad Santo Tomás y doctor en Economía, Pablo Pinto, como mecanismo compensatorio en cuanto al recorte fiscal, «se estima posible un ajuste fiscal del orden de US$3,000 millones en el período, basado en frenar el gasto público considerado excesivo, mejorar la eficiencia del Estado y aplicar una política de austeridad general en el sector público».
No obstante, dice que «se debe reconocer que avanzar más allá de ese monto -sin afectar el gasto social- resulta complejo y requeriría de reformas estructurales más profundas. En tal sentido, con los antecedentes disponibles, resultará complejo implementar la totalidad de recortes de gasto significativos (del orden de US$6,000 millones) en ausencia de reformas fiscales estructurales que compensen los menores ingresos (especialmente si los beneficios en crecimiento e ingresos tardan en materializarse), y se podría que el déficit fiscal se mantenga ligeramente por encima del 2% del PIB durante 2026 y 2027».
En cuanto a la reducción del Impuesto Corporativo, da cuenta que «se propone bajar la tasa del 27% actual a aproximadamente un 23% y existe una propuesta adicional de una tasa preferencial de hasta el 20% para aquellas empresas que generen nuevo empleo formal».
