Este miércoles, el Juzgado de Garantía de La Serena modificó las medidas cautelares de la ex intendenta por su participación en el caso de compra fraudulenta de terrenos por parte del GORE.
Por: Bastián Álvarez Pardo
Este miércoles, el Juzgado de Garantía de La Serena revisó las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno para Lucía Pinto, ex intendenta regional, por su participación en el caso Papayagate, manteniendo la prohibición de salir del país y modificando la de arresto domiciliario nocturno por la medida de firma mensual.
Recordemos que la investigación del caso Papayagate se extenderá en 150 días más, a contar del 19 de enero pasado; tras haber regresado en noviembre de 2025 a la Región de Coquimbo, luego de más de cinco años a cargo de la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Dichos 150 días se suman a los 180 que ya fueron determinados en mayo de 2025, extendiendo el plazo investigativo hasta el mes de junio próximo.
Los involucrados fueron formalizados por los delitos de fraude al Fisco, negociación incompatible y delitos tributarios, por la adquisición -por parte del Gobierno Regional- de varios predios en el sector de San Ramón, por unos $9.800 millones, con el fin de construir un complejo deportivo.
El monto pagado era excesivamente superior al valor real de los terrenos y habría sido intencionadamente abultado, razón por la que la compra fue objetada por la Contraloría General de la República. Además, en 2022, el órgano contralor determinó que Pinto (quien renunció a su cargo en septiembre de 2020) y otros funcionarios infringieron gravemente el principio de probidad administrativa.
Desde noviembre pasado, la investigación es liderada por la Fiscalía Regional de Coquimbo, a través del Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad (SAC), tras el traspaso desde la Región de Valparaíso, entidad que lideró las indagatorias durante varios años.
Valoran ampliación del plazo
El concejal serenense Camilo Araya (FA), parte querellante en el caso, señala a DIARIO LA REGIÓN que «valoramos tanto el traslado de la causa a nuestra región como la ampliación del plazo de investigación, ya que ello nos permitirá participar activamente en las audiencias y solicitar diligencias de manera independiente al Ministerio Público. Esto contribuye a que el proceso avance con mayor celeridad y, además, a que las víctimas directas —los ciudadanos y ciudadanas de la región— tengan un rol más cercano en la búsqueda de justicia».
El concejal recuerda que el Papaya Gate se originó durante la administración del exalcalde Roberto Jacob y señala que aún cuando ya han transcurrido cinco años, la ampliación del plazo investigativo permitirá completar peritajes relevantes que aún se encuentran pendientes antes del cierre de la etapa de instrucción.
Además de la ex intendenta, se encuentra sujeto a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional el ex administrador regional, José Cáceres; mientras que, con firma mensual y arraigo nacional por delitos tributarios, quedaron los empresarios Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic, Karim Daire, Manuel Daire y Luis Iver, en tanto que el empresario Pablo Bracchitta quedó sin medidas cautelares.
