La disputa por la propiedad del Lote J mantiene suspendidas las regularizaciones y ha derivado en demandas civiles y denuncias penales contra familias que aseguran haber pagado por sus parcelas y vivir allí desde hace años.
Por: Valentina Echeverría O.
La disputa por el terreno de Majada Blanca, en el sector de Pan de Azúcar, Coquimbo, sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado Hugo Gutiérrez asumiera la defensa de vecinos del denominado Lote J, asegurando que presuntamente la inmobiliaria que impulsa acciones judiciales en su contra no es la dueña del terreno y que, hasta ahora, no existe un propietario legalmente acreditado.
El abogado explicó que se trata de un bien común de 240 hectáreas, originalmente vinculado a la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), donde existen familias que llevan 30, 40 e incluso 50 años viviendo, algunas de ellas como asignatarios originales de la Reforma Agraria y otras como herederos o personas que adquirieron derechos de uso.
«Aquí no estamos frente a una toma reciente ni a ocupaciones ilegales actuales como se ha dicho. Hay personas que llevan medio siglo viviendo en estos terrenos, que fueron asignados en el contexto de la Reforma Agraria y que nunca terminaron de regularizarse».
Dominio en disputa
Según el abogado, la cadena de traspasos que hoy invocan a los herederos de Héctor Arce– vinculados a una inmobiliaria – no acredita dominio, sino únicamente la compra de derechos. Detalló que dichos derechos provendrían de una partición del bien común realizada durante la dictadura, proceso que —a su juicio— habría beneficiado de forma irregular a un tercero.
«Ni el señor Arce, ni antes quien le transfirió esos derechos, pueden ser considerados propietarios del terreno. Eso quedó demostrado cuando la Corte Suprema rechazó una demanda de reivindicación, precisamente porque quien la presentó no pudo probar dominio».
Tras ese revés judicial, Gutiérrez acusó que los herederos de Arce habrían iniciado acciones civiles de precario y denuncias penales por usurpación, utilizando la nueva legislación que endurece penas, con el objetivo de presionar la salida de los vecinos.
Defensa frente
a causas penales
El abogado fue enfático en señalar que estas acciones no serían aplicables al caso de Majada Blanca. «Se está intentando aplicar una normativa pensada para tomas recientes a personas que llevan 10, 20 o 50 años viviendo ahí. Eso es manifiestamente injusto».
Agregando que, en algunos casos, ya se podría alegar prescripción adquisitiva.
Gutiérrez indicó que su labor se centrará en defender a los vecinos frente a las causas penales, frenar eventuales desalojos y evitar que se criminalice a familias históricas del sector mientras no exista una definición clara sobre la propiedad del terreno.
¿Qué pasa en
Majada Blanca?
El conflicto en Majada Blanca se centra en la disputa por la propiedad de un terreno rural, donde decenas de familias viven desde hace años y que hoy es reclamado por una inmobiliaria vinculada a la familia Arce.
Según lo informado anteriormente, los vecinos aseguran que pagaron por sus parcelas, cuentan con documentos y han intentado regularizar sus terrenos a través de Bienes Nacionales. Sin embargo, esos procesos se encuentran actualmente suspendidos debido a un conflicto de dominio y a acciones legales presentadas por representantes de quienes alegan ser los dueños del terreno.
Desde la otra vereda, la inmobiliaria sostiene que las ocupaciones son ilegales y han impulsado demandas civiles y denuncias penales para recuperar el predio. Estas acciones han generado temor entre los residentes, quienes denuncian amenaza de desalojo y hostigamientos.
Mientras el conflicto no sea resuelto por los tribunales, Bienes Nacionales mantiene congeladas las regularizaciones en el sector. En tanto, las familias se mantienen en una situación de incertidumbre respecto a la continuidad de sus viviendas.
