Los dispositivos, cuentan desde Ingesmart SpA, deberían ser retirados la primera semana de febrero en Coquimbo y La Serena. «Nuestra intención es que continúen operativas y dependemos de los procesos internos de los municipios para que esto ocurra», señalaron.
Por René Martínez Rojas
El conflicto judicial entre el gobierno y la empresa Ingesmart SpA por las más de mil cámaras de televigilancia instaladas en 66 comunas del país no tiene para cuando finalizar. Y de continuar qué duda cabe que los más perjudicados serán precisamente los municipios, entre ellos Coquimbo y La Serena, con 20 dispositivos en cada ciudad.
Un «gallito» entre la empresa a cargo de la instalación y operación del Sistema Nacional de Televigilancia y la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), que justamente terminó el contrato iniciado en 2020 acusando de no cumplir con la puesta en marcha de una parte de las cámaras de seguridad.
José Antonio Dinamarca, gerente general de Ingesmart, explica a Diario La Región que «el proyecto enfrentó dificultades ajenas a la empresa que generaron atrasos involuntarios, agravados por un patrón sistemático de actuaciones ilegales y arbitrarias de la SPD que vulneraron el debido proceso, las bases de licitación y afectaron gravemente la operación y viabilidad financiera de Ingesmart, especialmente mediante la aplicación de procedimientos sancionatorios sin notificación formal de las multas».
Cuenta que los atrasos en los pagos y la imposición ilegal de multas millonarias «llevaron a Ingesmart a someterse a un proceso de reorganización judicial, en cuyo contexto el 7° Juzgado Civil de Santiago, en noviembre de 2025, declaró ilícito el actuar de la SPD al ejecutar las pólizas de garantía durante el período de protección financiera concursal, ordenando la restitución de los fondos, la que a la fecha no se ha materializado. Cabe señalar que como empresa siempre velamos por la continuidad del servicio en todas las comunas».
Un problema que pone en jaque el destino de las cámaras tanto en las comunas de Coquimbo y La Serena, instaladas en 2023, «ya que existe la posibilidad de que esas cámaras deban ser retiradas por la empresa, dado que la Subsecretaría de Prevención del Delito intentó ejercer la opción de compra del equipamiento, pero lo ejerció fuera de los plazos establecidos en las bases».
Agrega que el contrato correspondiente a la zona 2 –norte chico- donde se encuentran justamente Coquimbo y La Serena finalizó el 5 de diciembre de 2025, «por tanto, las cámaras deberían ser retiradas la primera semana de febrero, quedando solo como opción para la continuidad del servicio un acuerdo previo entre la empresa y el municipio. Nuestra intención es que las cámaras continúen operativas y dependemos de los procesos internos de los municipios para que esto ocurra».
Recordar que esto comienza con el programa Plan Calle Segura y, como cuentan desde la empresa, durante este gobierno las dificultades se intensificaron, dando inicio a procedimientos sancionatorios ilegales e irregulares.
Las cámaras que corren peligro están posicionadas en lugares muy transitados y un eventual retiro significaría un retroceso en cuanto a la seguridad, especialmente por las noches.
