María José Rojas lamenta el avance legislativo que beneficia a condenados por delitos graves y lesa humanidad, y confirma que seis reos por violaciones a DD.HH. cumplen penas en La Serena. También podría salir el Chacal de Alcohuaz.
Por René Martínez Rojas
Fue una votación estrecha y controversial la de este miércoles en el Senado. Y en la región, la seremi de Justicia, María José Rojas, se mostró crítica ante el avance de la iniciativa que abre la puerta para que violadores de DD.HH. y también quienes hayan cometido delitos graves, mayores de 75 años, puedan cumplir sus penas fuera de la cárcel.
«Es una muy mala ley, que tiene una gran carga emocional, pensando específicamente en los familiares de detenidos desaparecidos, pero también porque técnicamente no tiene ningún resguardo para determinar quiénes son efectivamente los beneficiados con esta modificación», señala Rojas.
Explica que, si bien no es que dejen de cumplir, pues es un cambio en la forma de cumplimiento -se supone-, «estamos nuevamente sacando a la calle a personas que han sido condenadas por el Estado».
En ese sentido, el rango de edad es sin ningún criterio, «no importando el delito que haya cometido ni cuánto le quede por cumplir, pues el único requisito es la edad y que tengan alguna enfermedad crónica, sin señalar tampoco qué enfermedad puede ser, en el sentido de que sabemos que hay muchas enfermedades que no son invalidantes».
Abrir las heridas
Un cierre de gobierno «muy lamentable», admite Rojas, toda vez que el estado de Chile durante 50 años «no les respondió a las víctimas. Sí en este gobierno se tomó la iniciativa de darle respuesta con el Plan Nacional de Búsqueda que está avanzando, pero con esto volvemos a abrir las heridas. Entonces, es un cierre doloroso».
También entregó datos concretos sobre el impacto en la zona, ya que en la cárcel de La Serena cumplen condena seis personas sentenciadas por delitos de lesa humanidad, quienes presumiblemente superarían los 70 años y podrían optar al beneficio, «aunque no quiere decir que cometieron los delitos en la región, pero sí están cumpliendo pena en la región».
Pero hay otros casos, incluso de connotación nacional, como el Chacal de Alcohuaz.
Al respecto, destaca que «esta es una de las pocas regiones en donde tenemos una mesa de derechos humanos constituida y esto precisamente viene a cerrar y a opacar el trabajo que se ha estado realizando, entendiendo que el Estado es el que tiene que comprometerse con ellos. Esto no es solo de lesa humanidad, sino que va a salir gente que ha cometido los más diversos delitos, cuando estamos diciendo que la seguridad es uno de los temas más importantes para la comunidad».
En cuanto a las personas con alguna enfermedad terminal, reconoce que existen herramientas judiciales donde el Poder Judicial se pronuncia caso a caso, y donde se puede pedir este tipo de modificación. Entonces, «no es algo que no exista y que haya que darlo. De hecho, en la región existen casos de internos que han ido a cumplir sus penas sus domicilios».
