El municipio amplió la acción penal contra la exdirectora del Departamento de Salud, tras detectarse pagos improcedentes y deficiencias graves en los controles internos. Concejales advierten que aún falta transparencia y fortalecimiento técnico en los mecanismos de supervisión.
Por Joaquín López Barraza
La Corporación Municipal Gabriel González Videla (CMGGV) vuelve a estar en el centro de la controversia, luego de que la Municipalidad de La Serena ampliara la querella criminal por fraude al fisco, incorporando nuevos antecedentes que apuntan a irregularidades en el área de salud.
La acción judicial se suma al proceso que ya dejó las primeras tres condenas por fraude, luego de un juicio abreviado en el que exfuncionarias reconocieron haber facilitado sus cuentas personales para sustraer fondos desde la corporación. Aunque fueron absueltas del delito de lavado de activos, el tribunal estableció su responsabilidad directa en la defraudación.
Durante el último consejo comunal, el abogado y exfiscal regional Adrián Vega, representante del municipio, confirmó que la ampliación se dirige contra la exdirectora del Departamento de Salud, Lorena Casarín, a raíz de los hallazgos del informe final N°809/2023 de la Contraloría General de la República, que detectó pagos improcedentes y fallas en los controles internos por más de $700 millones.
«Habrían existido órdenes de pago sin respaldo, contratos a honorarios inexistentes y conformidades de servicio sin verificación. Todo esto contribuyó al deterioro financiero de la corporación», explicó la alcaldesa Daniela Norambuena, quien agregó que el municipio busca «que estos hechos no queden impunes ante la ley».
Concejales piden fortalecer la fiscalización
Desde el Concejo Municipal surgieron voces que apuntan a la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar que hechos de este tipo se repitan.
El concejal Cristian Marín (Partido Radical) valoró la acción judicial, aunque subrayó que el municipio sigue mostrando falencias estructurales. «Los concejales debemos fiscalizar, no podemos tener un rol pasivo ante situaciones de esta magnitud. Debe existir información oportuna y pública, no enterarnos por la prensa», señaló.
El edil añadió que el apoyo técnico para la labor fiscalizadora sigue siendo insuficiente. «Hoy el respaldo contable y jurídico es limitado. Se requieren profesionales que nos ayuden a revisar presupuestos y pasivos tan complejos como los de la corporación», sostuvo.
Consultado sobre las eventuales responsabilidades políticas del exalcalde Roberto Jacob, también militante del Partido Radical, Marín señaló que «hubo demasiada pasividad en algunos casos» y que cada cual debe responder por sus actos, «más aún quienes ocuparon cargos de confianza y administración directa».
«No basta con tener la información, hay que actuar»
La concejala Rayén Pojomovsky coincidió en la necesidad de un control más activo. «Asumir el cargo de concejal o concejala implica un compromiso con la probidad y la transparencia. Ha habido una carencia de rol activo en la fiscalización: no basta con tener la información, hay que hacer algo con ella», indicó.
Sobre la ampliación de la querella, la edil sostuvo que «es una medida necesaria». «Me parece positivo que hoy la alcaldesa lidere estas acciones. Cuando fue concejala, teniendo el mismo informe, no se actuó. Hoy se asume esa responsabilidad, y eso demuestra que se está marcando una diferencia», añadió.
Pojomovsky recordó que las primeras querellas se presentaron en 2022, cuando se detectaron las primeras irregularidades, y enfatizó que «lo importante ahora es que el proceso avance sin sesgos políticos y con sanciones claras para los responsables».
