Medio de comunicación Reportea sostuvo que se cancelaron en 2023 más de 255 millones. Empresa señaló que el artículo «contiene afirmaciones falsas, inexactas y completamente descontextualizadas…».
Fue entre marzo y diciembre del año 2023 que el estudio de abogados Lagos, Vargas y Silber Asesorías Legales Limitada, habría recibido pagos mensuales cercano a los 255 millones de pesos desde Andes Iron, empresa que controla el proyecto minera Dominga.
El reportaje publicado ayer por el medio Reportea da cuenta que las cartolas bancarias revisadas registran diez transferencias realizadas por la empresa al estudio jurídico, con glosas que consignan «honorarios asesoría jurídica según contrato».
Sin embargo, ni Eduardo Lagos ni Mario Vargas figuran como abogados litigantes de Dominga en las múltiples causas judiciales que ha enfrentado el proyecto, lo que abre interrogantes sobre el rol efectivo que cumplieron.
Los abogados, explica el medio, habrían comenzado a intervenir en la causa precisamente cuando el Tribunal Ambiental de Antofagasta estaba revisando la legalidad del proceso. Al año siguiente, el tribunal saca un fallo demoledor contra el Consejo de Ministros que por, segunda vez, había rechazado el RCA de Dominga.
Desde el propio estudio, abogados que hablaron bajo reserva atribuyeron los pagos a la elaboración de minutas legales y a labores de «lobby judicial».
Respuesta
de la minera
Desde Andes Iron rechazaron «de manera categórica y enfática» el contenido del artículo que «contiene afirmaciones falsas, inexactas y completamente descontextualizadas, que inducen deliberadamente a interpretaciones erróneas y carentes de todo sustento fáctico».
Señala, además, «que el contrato mencionado, vigente entre los meses de marzo y diciembre de 2023, tuvo como único objeto la elaboración de análisis jurídicos y evaluaciones de contexto legal. En ningún caso contempló labores de representación judicial, ni gestiones de lobby, influencias indebidas o actuaciones de cualquier otra naturaleza distinta a las expresamente pactadas».
Explica que «tras el rechazo del proyecto por parte del Comité de Ministros en enero de 2023, la compañía evaluó distintas alternativas para continuar su proceso de calificación ambiental. En ese marco, Andes Iron contrató diversos servicios profesionales —legales, comunicacionales y ambientales— con el objeto de contar con insumos técnicos y jurídicos que permitieran enfrentar una eventual impugnación de dicha decisión administrativa. En ese contexto, uno de los profesionales contactados fue el abogado Gabriel Silber, vínculo que quedó debidamente formalizado mediante un contrato de prestación de servicios suscrito con su estudio jurídico».
Agrega que durante el período de vigencia del contrato «no se dictó resolución judicial alguna que favoreciera al proyecto Dominga. Recién el 9 de diciembre de 2024 —esto es, más de un año después de finalizada la asesoría— el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dictó sentencia declarando ilegal la decisión del Comité de Ministros de enero de 2023».
