Pascual Aguilera, histórico dirigente de pescadores de la región de Coquimbo, analizó una nueva ley de pesca que en cuotas pesqueras siguen enfrentando a industria y pescadores artesanales.
Sigue la polémica a pesar de algunos avances. Y es que la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal emitió un comunicado este martes denunciando que la gran industria pesquera ha iniciado una estrategia comunicacional y legal destinada a desacreditar la Ley de Fraccionamiento y a frenar la tramitación de la Nueva Ley de Pesca en el Congreso, en especial respecto de las licencias transables de pesca industrial (LTP
Dirigentes de la pesca artesanal acusan a la industria de bloquear la tramitación de la Ley de Fraccionamiento y recurrir a tribunales para mantener históricas licencias, mientras el Senado discute sanciones por mal uso de GPS en embarcaciones.
Los dirigentes hicieron ver que no es casual que la empresa Alimar, del grupo Izquierdo Menéndez y Blumar, ligada a las familias Sarquis y Vinagre anunciaran acciones legales en contra el Estado de Chile, argumentando que el fraccionamiento de cuotas y la reducción de las licencias industriales constituiría una «expropiación regulatoria» que vulneraría supuestos «derechos adquiridos».
Desde la pesca artesanal, el diagnóstico es uno solo: la gran industria no se resigna a perder sus privilegios y ahora decide acudir a la justicia para bloquear una iniciativa, que fue ampliamente aprobada en el Congreso
En la Región de Coquimbo, Pascual Aguilera, presidente de CORANOR, según consigna el portal «Mundo Acuicola» fue categórico: «Aquí no hay expropiación. Lo que existe es la devolución al Estado de un bien común. El mar no es propiedad privada de la industria; es patrimonio de todos los chilenos. Lo justo es que esas licencias se subasten de manera transparente, financiando la plataforma social que proteja a las familias de la pesca artesanal».
En paralelo, desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal se recalcó que la reforma busca terminar con los privilegios otorgados por la denominada «Ley Longueira», calificada como nacida de la corrupción, y avanzar hacia un sistema más justo y sustentable.