Mesas territoriales destacan el adelanto de recursos comprometidos en el acuerdo marco con Andes Iron, mientras proveedores y dirigentes comunales observan con atención los pasos legales pendientes que definirán si el proyecto inicia obras el próximo año.
Por Joaquín López B.
Las declaraciones del gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron, Francisco Villalón, reactivaron el debate en torno al proyecto Dominga en la Región de Coquimbo.
Hace unas semanas, el ejecutivo señaló que la empresa se ha puesto como meta iniciar las primeras obras durante 2026, siempre que no existan nuevos contratiempos en su tramitación.
«Nos hemos puesto la meta de iniciar las primeras obras durante el próximo año», indicó Villalón, en un anuncio que no pasó desapercibido en una comuna donde el proyecto ha sido seguido con atención durante más de una década.
Actualmente, Dominga cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente, lo que entrega sustento a la proyección planteada por la empresa, aunque su materialización sigue dependiendo de definiciones administrativas y judiciales pendientes.
En la comuna de La Higuera, el anuncio volvió a instalar expectativas, particularmente entre las mesas territoriales que mantienen un acuerdo marco con Andes Iron, el cual contempla beneficios para la comunidad en caso de que el proyecto se concrete, como becas estudiantiles, apoyo a sistemas de agua potable rural y programas de capacitación.
«La gente está esperando trabajo»
Ana Castillo, presidenta de la mesa territorial de La Higuera, reconoce que las declaraciones de la empresa han generado ilusión en una comuna marcada por la escasez de empleo. «Hay harta expectativa, sobre todo con la falta de trabajo que hay aquí. La gente está esperando empleo, eso es lo que no tenemos», sostiene.
A su juicio, el principal obstáculo no está en el proyecto en sí, sino en el rol que ha jugado el Estado. «Este proyecto cumple con todo lo que se solicita. La mayor traba ha sido el gobierno de turno. El proyecto está politizado», afirma.
Castillo agrega que la comunidad confía en los compromisos asumidos por la empresa. «Existe un acuerdo marco firmado hace bastante tiempo, que va en beneficio directo de los pobladores de La Higuera. Eso le da certeza a la gente», señala.
Una visión similar comparte Max Pérez, presidente de la mesa territorial de El Trapiche, quien recalca que el anuncio llega tras años de espera. «Hace muchos años la gente está esperando estas noticias. Hay una expectativa grande en la comunidad», comenta.
Pérez enfatiza que el vínculo con la empresa no es reciente. «Nosotros tenemos un acuerdo marco firmado bajo escritura pública, con abogados tanto de la empresa como de la asesoría comunal. Eso está garantizado», dice.
Además, recuerda que parte de esos compromisos ya se materializaron. «Hubo un anticipo del acuerdo marco: 400 millones de pesos destinados a becas, apoyo a APR y capacitaciones. Eso se cumplió, aun cuando el proyecto no ha iniciado», añade.
2026 como año decisivo y advertencia por permisos pendientes
Desde el sector minero local, el anuncio también es seguido con atención. Ignacio Pinto, gerente de la Corporación Industrial Minera de Chile (Corminco), plantea que el eventual inicio de obras tendría efectos que van más allá de la faena misma.
«Sin duda 2026 será un año clave para el proyecto Dominga con el inicio de la construcción, un hito que se transforma en una gran oportunidad para la generación de mano de obra local y el desarrollo de todo el encadenamiento productivo que involucra a proveedores y la comunidad en general», señala.
No obstante, Pinto advierte que el avance del proyecto dependerá del desempeño del aparato público. «Esperamos que en este tiempo el sistema público pueda responder acorde a los plazos esperados para la tramitación de múltiples permisos y que no sea la discrecionalidad o las vallas burocráticas las que hagan retrasar —aún más— este anhelado proyecto», sostiene.
El escenario
legal que aún
define el futuro
Pese a las expectativas locales y sectoriales, el futuro de Dominga sigue condicionado por definiciones jurídicas clave. Así lo explica Fernando Roco, abogado asesor de la asociación comunal de La Higuera, quien aclara que el proyecto se encuentra «técnicamente aprobado», aunque aún enfrenta un último tramo judicial.
«Estamos a la espera del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, respecto del cual ya existe un borrador. Es una sentencia de pronunciamiento inminente», indica.
El litigio se origina tras la resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que anuló el pronunciamiento del Comité de Ministros del actual gobierno y ordenó una nueva votación bajo directrices específicas. «Hoy esperamos que la Corte ratifique lo ya determinado por el Tribunal Ambiental», explica Roco.
De ocurrir aquello, sostiene el abogado, se agotaría la capacidad de actuación del Comité de Ministros. «Ello implicaría que deba emitirse un acto administrativo que dé cumplimiento a lo ordenado por el tribunal, permitiendo cerrar años de litigación», afirma.
Mientras ese pronunciamiento no se conozca, Dominga continúa moviéndose entre anuncios empresariales, expectativas comunitarias, interés del sector proveedor y un proceso judicial que aún mantiene en suspenso su inicio efectivo.
