Entre 2023 y 2025, el Ministerio de Bienes Nacionales registró 1.792 denuncias por obstáculos o restricciones ilegítimas para llegar a playas, ríos y lagos. En ese período, Biobío lideró con 265 casos y Coquimbo se ubicó en segundo lugar con 210. En la región, la Seremi Mabel Iturrieta afirma que durante 2025 se concentraron 81 denuncias, principalmente en Playa Blanca y El Temblador, en La Higuera.
Por Joaquín López Barraza
Para quienes van a veranear a balnearios menos conocidos de la región, probablemente se toparon alguna vez con el siguiente problema: se les cobró acceso o, derechamente, se les prohibió la entrada a alguna playa del territorio.
Y es que esto no es algo único de Coquimbo. En todo Chile, el Ministerio de Bienes Nacionales registró, entre 2023 y 2025, 1.792 denuncias por impedimentos ilegítimos de acceso a playas, ríos y lagos. Biobío encabezó el listado con 265 casos acumulados y Coquimbo le siguió con 210.
Pero, ¿qué dice la ley? En Chile, las playas son bienes nacionales de uso público: su dominio pertenece a la nación y su uso a todas las personas. Por eso, cuando no existe un camino público para llegar al mar, río o lago, la normativa obliga a los dueños de terrenos colindantes a permitir accesos gratuitos y sanciona el cierre u obstaculización de las vías fijadas por la autoridad.
Pese a que han ocurrido episodios de alto impacto mediático, como el del abogado y presidente de Empresas Gasco Matías Pérez —quien protagonizó un polémico video en febrero de 2019, en el que se le ve expulsando a un grupo de mujeres que se encontraba a orillas del lago Ranco—, aún hay personas que insisten en tratar las costas como si fueran un bien de propiedad privada.
Desde la secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales, la seremi Mabel Iturrieta complementó los datos indicando que «la región de Coquimbo es una de las que registró más reclamos en el país durante el 2025, con 81 denuncias, en su mayoría por Playa Blanca y El Temblador en La Higuera».
«La razón principal del reclamo es el cobro por estacionamientos y la distancia del recorrido peatonal gratuito. En las fiscalizaciones se ha constatado que efectivamente existe acceso libre peatonal en las playas visitadas, lo que se cumple con la ley», sostuvo.
En esa línea, Iturrieta hizo un alcance que suele generar confusión entre turistas y residentes. «Si bien lo más denunciado por los turistas es el no acceder a la playa en vehículo y el cobro de estacionamiento por parte de los privados, la ley vigente no prohíbe estas acciones a los dueños de los terrenos particulares. En ese sentido, son los municipios y el Servicio de Impuestos Internos quienes deben fiscalizar el cobro de estacionamiento», afirmó.
Consultada por cómo se distinguen restricciones legítimas de impedimentos ilegítimos, la seremi explicó que cada presentación se analiza en su contexto. «Todas las denuncias que ingresan son analizadas por la unidad de fiscalización del Ministerio de Bienes Nacionales, con todos los antecedentes a la vista, como por ejemplo si hay un acceso fijado por ley o si se está obstruyendo un bien nacional de uso público. Existen diferentes escenarios que permiten declarar o no admisible una denuncia», señaló.
Si la denuncia es declarada admisible, se inicia el proceso de fiscalización y, de comprobarse que efectivamente no existe acceso, se activa el procedimiento de fijación. «En este caso lo encabeza la Delegación Presidencial Regional, quien cita a los propietarios para llegar a un acuerdo y fijar la vía de acceso», precisó Iturrieta.
Por lo mismo, subrayó que la calidad de los antecedentes es clave para que la denuncia avance y pueda verificarse en terreno. «Es muy importante que las personas denuncien con todos los antecedentes posibles: referencias del lugar, coordenadas, calles, rutas, descripción de la situación e imágenes y fotografías», enfatizó.
