Disputa entre la Subsecretaría de Prevención del Delito e Ingesmart SpA por el proyecto «Sistema de Teleprotección a Nivel Nacional» pone en riesgo el funcionamiento de 40 aparatos ya instalados en la conurbación.
La incertidumbre alcanza a los municipios de La Serena y Coquimbo, que podrían quedarse sin cámaras de seguridad por una disputa judicial entre el gobierno e Ingesmart SpA, empresa a cargo de la instalación y operación del Sistema Nacional de Televigilancia.
Esto, por un conflicto que no solo escalaría en la región y los 40 equipos instalados en ambas ciudades, sino también a nivel nacional con las 66 comunas en que están distribuidas más de mil cámaras implementadas desde 2020 junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) con el programa Plan Calle Segura.
El objetivo de esta ejecución ha sido reforzar no solo la vigilancia en espacios públicos, sino también aportar evidencia para investigaciones y mejorar la sensación de seguridad. Por eso, tanto en La Serena como en Coquimbo, fueron escogidos lugares estratégicos para su instalación.
Es que justamente donde los municipios han solicitado reiteradamente más herramientas de vigilancia, este conflicto genera preocupación, pues el efecto sería crítico debido a que la cobertura en zonas de alta circulación quedaría debilitada en un contexto de creciente demanda ciudadana, más hoy con la alta sensación de inseguridad que tiene la población.
Licitación
La historia comienza en 2020 bajo la administración del ex Presidente Sebastián Piñera, cuando la Subsecretaría de Prevención del Delito convocó a una licitación Pública, en la que se agruparon puntos de cámaras en siete zonas a lo largo del país y en igual número de contratos: Zona 1: Norte Grande; Zona 2: Norte Chico; Zona 3: Valparaíso; Zona 4: Región Metropolitana; Zona 5: Centro Sur; Zona 6: Sur; y Zona 7: Sur Austral.
Esta licitación comprendía la instalación de infraestructura y equipamiento (postación, cámaras, equipos asociados al sistema de transmisión), y arriendo operativo con opción de compra; y, la prestación del servicio de transmisión de imágenes, soporte, monitoreo remoto y mantención preventiva y correctiva del sistema.
Sin embargo, el contrato se inició enfrentando una serie de dificultades desde el comienzo, partiendo por la llegada de la pandemia, que impidió el oportuno arribo de numerosos materiales y equipos importados indispensables para la implementación del sistema. A ello se sumó la imposibilidad de cumplir adecuadamente las bases de licitación, debido a la falta de compatibilidad entre software y hardware, así como a deficiencias en los lugares designados por la SPD para la instalación de cámaras.
Además, se habrían registrado extensos retrasos en la regularización de las conexiones eléctricas necesarias por parte de las compañías de electricidad.
Según señalan desde la empresa, durante este gobierno las dificultades se intensificaron, constatándose graves y presuntas irregularidades y arbitrariedades por parte de la subsecretaría, incluyendo el inicio de procedimientos sancionatorios ilegales e irregulares.
Estas circunstancias significaron, además, una modificación sustancial del programa de ejecución del contrato, generando atrasos en la implementación del sistema y, en consecuencia, postergando el inicio de los pagos correspondientes al 75% del precio de cada contrato…