Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 72 instituciones públicas del país contrataron personas con prohibición para trabajar con niños entre 2020 y 2025. En la Región de Coquimbo, la Municipalidad de Illapel figura con un caso, el cual —según el alcalde— fue corregido antes de la fiscalización formal.
Por Joaquín López Barraza
La Contraloría General de la República informó la detección de 35 casos durante 2025 de personas legalmente inhabilitadas para trabajar con menores de edad que, pese a ello, cumplieron funciones públicas con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes.
El antecedente forma parte del 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC N°19), que además advierte que entre 2020 y agosto de 2025 se registraron 164 casos similares en 72 instituciones del Estado.
Según el organismo fiscalizador, estas situaciones contravienen lo establecido en los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, que imponen inhabilitación absoluta —temporal o perpetua— a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, obligación que debe ser verificada antes de cualquier contratación mediante el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones.
El caso de Illapel
En la Región de Coquimbo, la Municipalidad de Illapel aparece mencionada en el informe. Al respecto, el alcalde Denis Cortés aseguró que el caso corresponde a un funcionario del área educacional que ya no mantenía vínculo laboral con el municipio al momento de la fiscalización.
«En marzo de 2025 se realizó la actualización anual de antecedentes de cerca de 750 funcionarios del Departamento de Educación, y en ese momento no existía ningún trabajador con inhabilidad vigente», explicó el jefe comunal.
Posteriormente, indicó, durante una fiscalización de la Superintendencia de Educación se detectó que un funcionario presentaba una inhabilidad, pero este ya había dejado de trabajar en el municipio en julio, antes de que concluyera el proceso.
«Cuando la Superintendencia requirió antecedentes, estos fueron entregados y quedó acreditado que el municipio había actuado correctamente y ajustado a derecho. Hoy no existe ningún funcionario con inhabilidad trabajando en nuestros establecimientos», afirmó Cortés, quien llamó a la tranquilidad de la comunidad.
Reacción de la Defensoría de la Niñez
Tras la publicación del informe, la Defensoría de la Niñez emitió una declaración pública, calificando los antecedentes como graves y anunciando el inicio de acciones formales frente a las instituciones involucradas.
El organismo informó que está oficiando a cada entidad mencionada para conocer las medidas correctivas adoptadas, el número de personas contratadas en condición de inhabilidad y las fechas en que estas prohibiciones comenzaron a regir. Además, solicitó una reunión con la contralora general Dorothy Pérez para abordar la situación de manera coordinada.
«La contratación de personas inhabilitadas expone a niños, niñas y adolescentes a riesgos inadmisibles y refleja graves falencias en los sistemas de control», advirtió la Defensoría, recordando que la obligación de verificar antecedentes está consagrada tanto en la legislación nacional como en la Convención sobre los Derechos del Niño.
