Comunidad diaguita acusa que el Serviu y otras instituciones permitieron la ejecución del parque sin considerar medidas de protección patrimonial, pese a conocer desde 2017 la existencia y uso ceremonial del sitio.
La reciente inauguración del Parque Urbano Cerro Grande volvió a encender las alertas sobre una antigua construcción circular de piedra ubicada en una de sus laderas. Conocido como «la colca» por las comunidades diaguitas que celebran allí ceremonias espirituales desde hace al menos ocho años, el sitio fue recientemente reconocido como monumento arqueológico por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Sin embargo, el reconocimiento llegó solo después de que la obra estuviera ejecutada, y sin que se hubieran aplicado medidas de resguardo ni realizado consulta indígena.
Según Cristian Robles, educador intercultural y dirigente de la Asociación Cultural Diaguita Elke, la agrupación denunció al CMN la omisión de resguardo en mayo pasado. «En la construcción del parque no se consideró el cuidado del espacio, que es arqueológico y tiene uso ceremonial. Lo ocupamos hace ocho años y nunca se nos consultó», afirma.
El oficio del CMN —emitido en julio pero remitido inicialmente solo al Ministerio de Vivienda— reconoció formalmente la existencia de un monumento arqueológico en el área del parque y ordenó al Serviu aplicar medidas de protección, entre ellas señalética, un eventual cerco y un estudio arqueológico detallado.
Robles lamenta que esa respuesta haya llegado solo tras la denuncia y que las comunidades no hayan sido notificadas oficialmente. «Piden protegerlo ahora, pero el parque ya está listo. Lo que buscamos es que se haga ese estudio de base antes de intervenir más. No queremos que, por poner una reja, terminen destruyendo lo que haya bajo tierra», advierte.
Una estructura olvidada por el Estado
El arqueólogo Luis Pizarro sostiene que se trata de una estructura ceremonial estatal del Tahuantinsuyo, edificada probablemente hacia fines del siglo XIV.
«Esa construcción tenía tres niveles y responde al diseño estatal andino. Está ubicada en un punto clave: el Cerro Grande es un cerro protector, como lo entendían las culturas andinas», explica. El sitio, según Pizarro, funcionaba como centro ceremonial y aún hoy mantiene ese uso simbólico.
A juicio del especialista, el error no fue intervenir directamente la estructura, sino permitir la ejecución del proyecto sin activar los resguardos legales que ya aplicaban, dado que la ley chilena considera monumento nacional todo vestigio arqueológico, sin necesidad de una declaratoria previa.
«Lo que falló es que, sabiendo que existía un sitio patrimonial, no se activó el sistema de evaluación ambiental. Y eso es obligatorio. Ahora se pide un estudio, pero el parque ya está listo», señala.
Una omisión repetida
Pizarro compara este caso con lo ocurrido en El Olivar, donde —pese a advertencias documentadas— se construyeron carreteras y viviendas sobre antiguos cementerios. En su opinión, tanto en obras públicas como privadas, existe un patrón institucional de hacer como si los hallazgos no existieran.
«El modelo es similar: tratar de que pase desapercibido. Así fue con El Olivar, y también con proyectos como la desaladora de Panul y las prospecciones mineras en el Choapa. Hay muchos sitios que ni siquiera han sido estudiados y ya están intervenidos», critica.
También apunta a la falta de una institucionalidad adecuada: «El Consejo de Monumentos fue creado para cuidar estatuas, memoriales, edificios. No tiene recursos ni personal suficiente para encargarse del patrimonio arqueológico. Se necesita otra estructura».
