Más de 15 mil profesores fueron incluidos en la primera nómina priorizada por edad. En la región, el Colegio de Profesores valora el avance, pero teme que muchos beneficiarios no alcancen a recibir el pago.
Por Joaquín López Barraza
Durante esta semana comenzó el pago del primer grupo de docentes beneficiados con la Ley 21.728, que establece una reparación económica para quienes fueron traspasados desde el Ministerio de Educación a las municipalidades durante la dictadura, perdiendo con ello beneficios previsionales y salariales.
El primer tramo contempla a 15.560 profesores en todo el país, priorizados por edad. Según el Ministerio de Educación, los pagos se realizan directamente a través de la Tesorería General de la República, y cada beneficiario ha sido notificado de manera individual.
En la Región de Coquimbo aún no existen cifras oficiales, pero se estima que cientos de docentes jubilados o en retiro podrían estar incluidos en esta primera nómina.
Desde el Congreso, el diputado Daniel Manouchehri (PS) valoró el inicio del proceso, pero coincidió en que aún queda mucho por avanzar.
«Esta es una deuda que el Estado de Chile no puede eludir. Dimos un paso para compensar en algo mínimo el daño causado. No es la fórmula que a todos nos hubiera gustado, pero fue una fórmula realista, que los propios profesores nos pidieron aprobar. Idealmente se podría acelerar el pago», señaló.
Un proceso
lento y digital
El presidente regional del Colegio de Profesoras y Profesores, Daniel Aguilera, explicó que el proceso ha sido complejo, especialmente para los docentes mayores.
«El proceso ha sido un poco engorroso, sobre todo pensando que hay gente muy mayor y todo se realizó de manera online. Eso generó dificultades porque muchos colegas no estaban en condiciones de hacer los trámites por sí mismos», señaló.
En esa línea, agregó que «nosotros estuvimos apoyando desde la sede regional para que nadie quedara fuera, pero efectivamente ha sido un procedimiento difícil para algunos».
La ley exige que los docentes beneficiados renuncien a eventuales demandas judiciales contra el Estado relacionadas con la deuda, requisito que ha generado debate en el gremio.
«Es un criterio que se determinó, pero creemos que el proceso debió haber sido más rápido. Se establecieron cuotas y etapas que pueden tardar hasta seis años, y en ese tiempo muchos colegas pueden fallecer esperando», lamentó Aguilera.
Quiénes pueden
acceder al pago
El beneficio está dirigido a profesores y profesoras que fueron traspasados al sistema municipal antes de 1988, siempre que no hayan recibido una reparación anterior y hayan ingresado al sistema educacional antes del 1 de julio de 1981.
Los pagos se dividen en tramos anuales, priorizando primero a los mayores de 70 años, luego a los de 65 y así sucesivamente. La consulta del estado de postulación puede realizarse en el sitio oficial del Ministerio de Educación (https://www.mineduc.cl), donde también se habilitó una mesa de ayuda para docentes con dificultades de acceso.
«Una deuda moral, no solo económica»
Aguilera subrayó que, aunque el monto y los plazos no satisfacen completamente las expectativas del gremio, el avance tiene un valor simbólico: «Es la primera vez que un gobierno reconoce oficialmente la deuda y genera un proyecto de ley para repararla. No es lo que se esperaba en términos de montos ni de plazos, pero al menos se está dando un paso que antes nadie había querido asumir».
El dirigente añadió que la mayoría de los beneficiarios en la región son profesores mayores de 60 y 70 años, muchos de los cuales continuaron trabajando décadas después de jubilar para complementar sus pensiones.
«Más que una deuda económica, es una deuda moral con quienes sostuvieron la educación pública durante los años más difíciles», concluyó.