Claudio Castillo abordó los desafíos del Servicio y también se refirió a la importancia de las familias de acogida, explotación sexual infantil y la polémica investigación de CIPER en la que es protagonista.
Por: Valentina Echeverría O.
«Creo que nos hemos convertido en un país que ha normalizado la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes». Con esta declaración el director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE), Claudio Castillo, dio cuenta de una realidad que considera alarmante y que, a su juicio, sigue siendo invisibilizada tanto por las instituciones como por la sociedad.
Durante su reciente visita a la región de Coquimbo, recorrió una nueva residencia para niños y adolescentes, donde evaluó programas ambulatorios y participó en el reconocimiento a un jardín infantil por su colaboración con familias de acogida. También se refirió al proceso de transformación del sistema que reemplazó al antiguo SENAME, el cual tiene plazo hasta el 2028 para completar la renovación de todos sus programas.
«Hemos tenido un aumento muy significativo de ingresos de niños que han sido vulnerados en sus derechos», advirtió. Mientras que en 2022 se atendieron 29 lactantes en residencias y 9.260 niños, niñas y adolescentes (NNA), en 2024 la cifra aumentó a 43 lactantes y cerca de 12.000 NNA.
Este crecimiento ha implicado nuevos desafíos. Castillo destacó la necesidad de fortalecer el programa de familias de acogida, especialmente para menores de 3 años, y de atender la complejidad de las situaciones que enfrentan muchos adolescentes tales como rezago escolar, problemas de salud mental sin diagnóstico ni tratamiento oportuno, y conductas transgresoras de ley que han aprendido.
En ese sentido, señaló que el servicio ha impulsado campañas para captar nuevas familias de acogida. «Necesitamos seguir generando confianza en la ciudadanía. Que las personas sepan que van a estar acompañadas, que no van a estar solas, que hay un equipo profesional detrás. Lo más importante es que entiendan que esto no es adopción, es acoger temporalmente para que el niño o niña pueda volver con su familia o encontrar una definitiva», explicó.
Explotación sexual infantil
Uno de los temas más sensibles abordados fue la explotación sexual infantil, fenómeno que, aseguró, va en aumento y se ha expandido a través de redes sociales y plataformas digitales.
«Hay mucho de pedir imágenes y luego compartirlas sin consentimiento, lo que también constituye explotación sexual. Es muy difícil para una adolescente reconocer que es víctima. Muchas veces les ofrecen drogas o simplemente afecto. Existen casos de pololeos entre adultos y adolescentes que luego las invitan a fiestas para que lleven a sus amigas, quienes terminan en la misma situación», denunció.
En ese contexto, entregó cifras alarmantes. «En la región identificamos nueve casos el año pasado y este año, lo que va del 2025, ya hemos identificado seis», siendo esta la región con más casos de Chile, lo que hace necesario hablar del tema y dejar en claro que los y las adolescentes nunca tienen culpa en estos delitos.
Castillo valoró el trabajo interinstitucional que se está desarrollando junto a Carabineros, la PDI, fiscalías y el sistema educativo, pero advirtió que se requiere mayor compromiso de sectores estratégicos como el turismo y el transporte.
«Cuando un adulto llega a un hotel con un adolescente sin vínculo familiar claro, eso debe levantar una alerta. Lo mismo ocurre en terminales o estaciones. Son sectores que deben estar especialmente sensibilizados», afirmó.
Caso CIPER: participación de fundaciones
El director del SPE también se refirió a la investigación publicada por el medio CIPER en abril de este año, que reveló que funcionarios del servicio habían enviado con antelación las bases de un concurso público a algunas fundaciones, lo que abrió cuestionamientos sobre posibles privilegios indebidos en el acceso a recursos estatales.
Frente a esto, defendió el mandato legal del servicio de incorporar a la sociedad civil en el diseño de los programas, aunque reconoció que todo proceso es perfectible. «Tenemos la obligación de escuchar a la sociedad civil. Entregamos todos los antecedentes a Contraloría y además solicitamos asesoría a la Comisión Asesora Presidencial de Transparencia para mejorar nuestros mecanismos participativos», señaló.
A su juicio, es clave que el servicio avance hacia una cultura de colaboración. «Uno de los sellos que me gustaría dejar es que este sea un servicio más colaborativo: con la academia, con organismos internacionales, pero sobre todo con los propios niños, niñas y adolescentes», dijo.
Lo que viene
Entre los avances más concretos, Castillo destacó la implementación de un nuevo modelo de diagnóstico y programas ambulatorios para casos de desprotección inicial. También mencionó la creación de dos grupos de expertos: uno para fortalecer el sistema de familias de acogida y otro para diseñar una respuesta especializada para niños menores de 14 años con conductas transgresoras de ley, que por su edad no son imputables.
