Después de años de idas y vueltas, recursos, rechazos, marchas, contramarchas y fallos judiciales, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Coquimbo volvió a activar el motor de Dominga. Según consta en su plataforma oficial, el organismo dio su visto bueno a la iniciativa minera-portuaria impulsada por la empresa Andes Iron.
Por Joaquín López B.
El visto bueno llega tras una solicitud presentada por la compañía el pasado 14 de marzo de 2025, en la que se exigía cumplir con lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. No una, sino dos veces, ese tribunal falló a favor de Dominga, obligando al SEA a pronunciarse en ese mismo tono. Y así lo hizo.
Este nuevo paso —que algunos ven como definitivo y otros como otra vuelta más en la montaña rusa de Dominga— representa un hito dentro de la interminable tramitación ambiental del proyecto. La iniciativa lleva más de una década intentando convertirse en realidad, bajo la promesa de inversión, empleo y desarrollo, y con la carga de críticas por su eventual impacto sobre el ecosistema de La Higuera.
La calificación del SEA no significa que las excavadoras comiencen mañana, pero sí que el expediente judicial-ambiental le entrega, al menos por ahora, una luz verde oficial. Falta ver qué dirán los opositores, las comunidades costeras, las ONG ambientales y, claro, los próximos tribunales.
En palabras del asesor de la Asociación Comunal de La Higuera, esto ocurre como consecuencia de lo que fue el fallo de la sentencia definitiva del mes de diciembre de 2024: «Entonces, lo que hizo Andes Iron fue solicitar al SEA que reflejara este estatus momentáneo aprobado en el sistema».
«La implicancia fundamental es que, en este momento, el proyecto está aprobado; por tanto, tiene la Resolución de Calificación Ambiental favorable y da pie a que Andes Iron pueda llevar a cabo todas las medidas ligadas a esto. Es decir, ir avanzando en lo que sería la aprobación definitiva del proyecto», ilustró.
Pero, de todas maneras, estará supeditado «a lo que vaya sucediendo en el litigio judicial que hay actualmente, primero ante la Corte Suprema y, en segundo lugar, ante el Tribunal Constitucional por el asunto de la contienda de competencias entre el SEA y el Tribunal Ambiental de Antofagasta».
